Nicolás Maduro, que fue elegido Presidente por un escaso margen en 2013. Según el nuevo informe de la OEA, desesperado por mantenerse en el poder, Maduro intenta ahora controlar la Asamblea Nacional y ha continuado aplicando en gran medida las políticas represivas de su predecesor.
El Político
El segundo capítulo del nuevo informe sobre Venezuela, publicado por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el Asesor Especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, se centra en los esfuerzos de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder.
En los últimos cinco años, el Régimen de Maduro ha establecido su control sobre todos los aspectos de la sociedad venezolana: ha desmantelado las instituciones democráticas de Venezuela, ha consolidado todo el poder en manos del Ejecutivo y ha reprimido por la fuerza a la disidencia.
En el documento se ratifica que existe una base razonable para concluir que el régimen de Nicolás Maduro ha estado cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014. También se cuestiona a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por inacción ante estos crímenes.
Tal como se señala en el Informe de la OEA de 2018, el Régimen ha atacado a periodistas; ha reprimido violentamente a los manifestantes; y ha encarcelado, torturado, desaparecido o asesinado a miles de sus opositores de forma arbitraria.
El Régimen de Maduro ha intensificado esa pauta de represión durante períodos de manifestaciones antigubernamentales generalizadas. Por ejemplo, entre febrero y mayo de 2014, reprimió las multitudinarias protestas en respuesta a los altos niveles de inflación, la gran inseguridad y la escasez de productos básicos.
Delitos electorales en 2018
El informe político revela sucesivos delitos electorales: "En medio de ese caos, el Régimen de Maduro celebró elecciones presidenciales el 20 de mayo de 2018. Sin embargo, como se señaló en el Informe de la OEA de 2018, esas elecciones no fueron ni libres ni justas. Para asegurarse la victoria, el Régimen de Maduro cometió flagrantes violaciones electorales: encarceló, obligó a partir al exilio o prohibió la participación en las elecciones de la mayoría de los líderes populares, e intentó comprar votos con fondos del Estado".
Rechazo de la comunidad internacional
La comunidad internacional condenó abiertamente la supuesta reelección de Maduro: la OEA, más de 50 países, y la Asamblea Nacional de Venezuela — la última institución elegida democráticamente en el país — se negaron a reconocer los resultados y exigieron a Maduro la celebración de nuevas elecciones.
El 10 de enero de 2019, poco después de que Maduro prestara juramento para iniciar un segundo mandato, el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución para “no reconocer la legitimidad del período del Régimen de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero de 2019”.
Juan Guaidó, Presidente
El documento explica detalladamente el proceso que condujo al presidente de la Asamblea Nacional como Presidente de la República:
La Asamblea Nacional de Venezuela recurrió a la Constitución del país para encontrar solución a la crisis política. El 15 de enero de 2019, la Asamblea Nacional. Previamente había declarado a Maduro en “abandono de cargo” por el incumplimiento de sus deberes constitucionales como Presidente- Y declaró oficialmente “la usurpación de la Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro”.
Asimismo, decidió invocar el Artículo 233 de la Constitución venezolana, y pidió al Presidente de la Asamblea Nacional que “se encargara de la Presidencia”. Como establece la Constitución en caso de “falta absoluta del Presidente por abandono del cargo”.
Sobre esa base, Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional, prestó juramento como Presidente encargado de Venezuela el 23 de enero de 2019. Hasta la fecha, la OEA y casi sesenta países han reconocido a Guaidó como líder del Gobierno legítimo de Venezuela.
Maduro controla la Fuerza Armada
Maduro sigue teniendo el control efectivo de gran parte de la economía y del aparato gubernamental del país, incluyendo las fuerzas armadas y el poder judicial, y continúa oprimiendo al pueblo venezolano.
El informe político dice que "La situación en Venezuela sigue siendo calamitosa. No cesa de aumentar la pobreza, la hiperinflación, el enorme desabastecimiento y las enfermedades, y el país se enfrenta a grandes escaseces."
En los últimos años , se ha registrado un vertiginoso aumento del número de refugiados y migrantes venezolanos que huyen de la crisis; en octubre de 2020, se estima que la cifra de refugiados y migrantes venezolanos se eleva a cinco millones y medio. Lo que los convierte en “uno de los grupos de poblaciones desplazadas más grandes del mundo”.
Uso de la represión como política
"Mientras tanto, los cuerpos de seguridad leales a Maduro siguen cometiendo con impunidad graves abusos de los derechos humanos, y el Régimen ha intensificado la represión de los opositores y disidentes políticos, sobre todo tras el fallido levantamiento contra Maduro ocurrido en abril de 2019″.
Maduro intenta usurpar la Asamblea
" La situación política, también, sigue siendo convulsa. Desesperado por mantenerse en el poder, Maduro intenta ahora controlar la Asamblea Nacional – el único órgano político que posee legitimidad democrática".
Una serie de hechos quitan credibilidad a estas elecciones, los cuales han sido en cuestionadas en el documento:
"El 12 de junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia designó los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, el órgano encargado de supervisar las elecciones legislativas. El Tribunal Supremo de Justicia no tiene autoridad para designar los rectores del Consejo, ya que la Constitución delega ese poder en el órgano legislativo ; en el momento del anuncio, los legisladores presentaron una protesta , diciendo que estaban en proceso de nombrar a la dirección del Consejo".
Días después, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió las directivas de dos partidos políticos de la oposición. Las directivas de los partidos Primero Justicia y Acción Democrática fueron reemplazadas como parte de un “proceso de reestructuración necesaria”, según las sentencias del Tribunal.
El 7 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia decretó medida cautelar de “tutela constitucional” del partido político Voluntad Popular, el partido de Juan Guaidó, y suspendió a su directiva integrada, entre otros, por Leopoldo López, fundador del partido.
Elecciones manipuladas
Las elecciones parlamentarias han sido manipuladas en diversos sentidos:
El 1 de julio de 2020, las autoridades de Venezuela anunciaron que el 6 de diciembre se celebrarían elecciones para ocupar 277 escaños en la Asamblea Nacional conformada hasta ahora por 167 diputados.
Este aumento de 110 escaños con respecto al número actual ha sido visto como una medida para designar parlamentarios afines.
Las elecciones de diciembre han sido condenadas rotundamente de manera preventiva por ser fraudulentas y por no cumplir con los estándares internacionales de elecciones libres y limpias.
Por ejemplo, tras la visita del Servicio Europeo de Acción Exterior a Venezuela en septiembre de 2020, la misión decidió que la Unión Europea no enviará una misión de observación electoral para monitorear las elecciones de diciembre: Actualmente no existen las condiciones para que tenga lugar un proceso electoral libre, justo, y democrático.
Se discutió la posibilidad de posponer las elecciones legislativas para abrir un espacio de diálogo y cambiar esas condiciones. Sin un aplazamiento y una mejora de las condiciones democráticas y electorales, la UE no puede plantearse el envío de una misión de observación electoral.
En su Asamblea General del 21 de octubre de 2020, la OEA adoptó una resolución para condenar “en los más enérgicos términos las acciones del Régimen ilegítimo de Nicolás Maduro que socavan el sistema democrático. La resolución indica de una manera explícita que las acciones del Régimen comprometen “las condiciones mínimas para garantizar la celebración de procesos electorales democráticos, de acuerdo con los estándares internacionales”.
El informe destaca en su segundo capítulo:
"Además de esa represión, el Régimen ha causado grandes sufrimientos al pueblo venezolano como consecuencia de sus ruinosas medidas que han devastado la economía nacional. Como resultado de su corrupción y sus desastrosas políticas económicas, el país atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes, una de las peores catástrofes jamás vistas con la excepción de un conflicto armado".
Agoniza la industria petrolera
Afirma que desde 2014, debido a la corrupción y a la gestión errada del sector del petróleo, la producción de crudo ha caído al nivel más bajo de los últimos 75 años.
Ello ha provocado el colapso de los ingresos provenientes del petróleo, que representan el 95 por ciento de los ingresos por concepto de exportación de Venezuela.
Debido a la falta de divisas, las importaciones han disminuido, lo que ha causado la escasez generalizada de productos básicos. Aún más, en lugar de emprender una reforma fiscal que permitiese resolver sus problemas económicos, el Régimen, falto de liquidez, ha recurrido a la impresión masiva de papel moneda, lo que ha dado lugar a una hiperinflación catastrófica.
Urge una respuesta de la Corte Penal Internacional
"En la medida en que el Régimen de Maduro consiga mantenerse en el poder, continuarán los sufrimientos de la atormentada población venezolana y habrá que seguir lamentando incontables pérdidas de vidas".
En vista de esa extraordinaria situación, la Organización de los Estados Americanos, la Corte Penal Internacional, las Naciones Unidas y el conjunto de la comunidad internacional tienen el deber de exigir responsabilidades al Régimen de Maduro y de proteger los derechos del pueblo venezolano.
Para elaborar su nuevo informe la OEA tomó como base el trabajo de la Misión Independiente de Investigación de la ONU en Venezuela, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONGs, académicos independientes y otras fuentes creíbles.
Fuente: Informe OEA
