Venezuela lleva un proceso de deterioro social incuestionable, además de los problemas económicos los venezolanos tienen otras varias preocupaciones.
El Político
La libertad de expresión es una de esos baluartes democráticos que diariamente se lesionan y la democracia cada vez más resentida.
Según la ONG Espacio Público de Venezuela, los periodistas son perseguidos por las fuerzas de seguridad, los órganos censores rastrean hasta las comas de lo que se opina en las redes sociales, los medios críticos pierden sus licencias, se quedan sin papel para imprimir o les roban sus equipos, los periodistas son encarcelados y torturados, muchos se ven forzados al exilio y la sociedad de un momento a otro se queda sin conexión a internet.
“La violencia contra los periodistas no tiene costo en Venezuela. Si un policía golpea a un periodista en la calle no vas a encontrar a ningún funcionario que lo condene o lo cuestione. Hay una tarea de intimidación permanente”, explica a Infobae Carlos Correa, presidente de Espacio Público, la ONG que promueve la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios.
“Simplemente ya no existe libertad de prensa ni de expresión. El régimen, desde muy temprano en épocas de Chávez, se propuso tomar control de la opinión pública y de imponer sus narrativas”, asegura la líder opositora María Corina Machado.
Las víctimas preferidas del régimen son los medios críticos locales, pero también las grandes plataformas consolidadas mundialmente. Por ejemplo, hoy se cumplen seis años de que Infobae está censurado en Venezuela. El 10 de octubre de 2014 el régimen bloqueó el acceso al sitio en todo su territorio y desde entonces, hace 2.192 días, permanece vetado.
“El régimen no tolera la verdad, intentan callar toda voz que disienta o exprese inconformidad frente a la situación del país. Por eso amenazan a las academias, a los periodistas y a las organizaciones de la sociedad civil. Pero al final, esto no les ha funcionado para esconder su dictadura, existe un consenso, que se ha fortalecido con el informe de la ONU, sobre la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro”, afirma Julio Borges, canciller del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó.
¿Cómo silenciar?
Durante las últimas décadas, el chavismo se ha servido de los recursos del Estado para imponer su voz. Primero recurrió a estrategias convencionales, como disponer de los recursos públicos -principalmente los de PDVSA, la petrolera estatal- para dar y comprar espacios en los medios de comunicación que se iban comprometiendo con su línea editorial.
Una vez que tuvo medios sumisos, fue por más y comenzó a comprar los medios más antiguos y grandes del país a través de testaferros. Los que se resistían, como Radio Caracas de Televisión, se toparon con la fuerza del régimen y fueron obligados a cerrar. “Hoy son cientos los medios impresos y radiales que han cerrado o les han arrebatado, expropiado y robado sus equipos. Y a medida que surgen nuevas formas de voces digitales, entonces el régimen incrementa la persecución y la represión. Persigue, apresa y tortura periodistas”, asegura Machado.
Cuando comprar los medios no fue suficiente, comenzó a limitarse la distribución de papel para los periódicos. Las restricciones de acceso a ese insumo básico para los diarios, justificadas en la falta de divisas, llevaron a que, con el cese de la edición impresa de El Nacional en 2018, ya no quede ningún diario en papel de alcance nacional no alineado con el chavismo.
Además, en Venezuela los periodistas y los medios sobreviven en un ecosistema dominado por el terror, donde la autocensura es una mecanismo de defensa habitual. “Aquí existe la ley de Responsabilidad en Radio y Televisión (Resorte) que establece responsabilidades para los intermediarios. Eso significa que el periodista tiene que corregir al entrevistado, entonces las radios que relativamente informan tienen que hacerlo bajo una presión muy fuerte. Hay una censura progresiva, cuando te llaman para una entrevista te advierten las cosas que no puedes decir, incluso hay personas que directamente no se pueden mencionar en los medios”, cuenta Correa.
Para Borges, detrás de este modelo de control comunicacional “está Cuba desde hace años, y ahora Irán”. Según afirma, la “Ley Resorte” que hay en Venezuela es una copia exacta de la Ley de Azote que hay en Cuba. "El sector telecomunicaciones es otro rostro de la perniciosa penetración cubana en Venezuela”, asegura.
En 2017, Maduro sumó otro método de censura: la ley contra el odio. Aprobada por unanimidad por la Asamblea Constituyente erigida para quitarle poder a la Asamblea Nacional con mayoría opositora, la norma fija penas de hasta 20 años de cárcel y otras sanciones como multas a empresas y medios electrónicos, proscripción de partidos políticos y clausura de medios de comunicación a quienes difundan mensajes de odio.
De acuerdo con Maduro, el propósito de la ley es “el reencuentro, la reunificación y la paz de todos los venezolanos”. No obstante, la ONG Espacio Público asegura que es una herramienta jurídica que busca “silenciar y castigar opiniones que resulten incómodas para el Estado”.
La CIDH también se pronunció y denunció que la ley que establece “sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, se contradice con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
