La llegada de una de las investigaciones en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez a la Fiscalía, luego de años de permanecer en la Corte Suprema de Justicia, es el comienzo de un laberinto tan enredado, que su salida parece imposible.
El Político
Las normas y procedimientos no han sido aplicados correctamente en un proceso donde la justicia luce flexible y acomodaticia según los intereses políticos de los involucrados. Y es que Álvaro Uribe es la presa del llamado status colombiano que todos los izquierdistas le disparan.
Entre recusaciones e impedimentos, el caso del expresidente por supuesta manipulación de testigos entró en una especie de limbo. El senador Iván Cepeda asegura que el fiscal Barbosa está impedido, tema que resolverá la Corte Suprema, la cual, a su vez, no está segura de volver a separar a un fiscal de un expediente de esta envergadura, como lo hizo con Odebrecht.
No solo porque no es claro bajo cuál ley tendrá que adelantarse el proceso por supuesta manipulación de testigos (si la ley 600 o la 906), sino porque todavía no se sabe quién será el encargado de investigarlo, pues el senador Iván Cepeda ya anunció que va a recusar al fiscal Francisco Barbosa y a su vicefiscal, Martha Mancera. L
La situación es tan confusa, que expertos consultados no tienen claro cuál es el camino.
De entrada, el debate parece centrarse en si a Uribe le debe seguir aplicando la ley antigua (la 600) o la nueva (la 906). Esta definición es clave pues determinará en qué parte del proceso debe seguir investigando la Fiscalía: si a la que llegó la Corte, que logró resolver su situación jurídica, ordenando su detención domiciliaria, y ya estaba analizando si lo llamaba a juicio; o si, por el contrario, debe aplicarle la otra norma.
Si es esta segunda posibilidad, la Fiscalía tendrá que definir si le imputa cargos y pide una nueva medida de aseguramiento, o si considera que esas labores ya las hizo el alto tribunal y, más bien, sigue en el trabajo de alistar el llamado a juicio.
Pronunciamiento de la Corte
A través de un comunicado, el magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles, presidente de la sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, explicó las razones por las cuales la investigación contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos pasa a la Fiscalía General de la Nación.
“Por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista, sobre conductas como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal, la Corte Suprema de Justicia dejará a disposición del fiscal general de la Nación al detenido exsenador Álvaro Uribe Vélez”, señaló.
Y agregó: “por no encontrarse vínculo alguno de los hechos con la actividad funcional de legislador, o que fueran su necesaria consecuencia, o el medio y oportunidad propicia para su ejecución o un desviado o abusivo ejercicio de funciones, resolvió remitir el proceso a la Fiscalía General de la Nación para que, dentro del ámbito de sus competencias, continúe con la actuación respecto del excongresista Uribe Vélez”.
El expresidente Uribe se encuentra detenido en su finca El Ubérrimo, desde el 4 de agosto pasado, luego de que la Corte Suprema ordenara detención domiciliaria. El 18 del mismo mes presentó su renuncia al Senado.
Con su paso a la justicia ordinaria, ahora un juez deberá decidir si deja en firme la medida de aseguramiento o si el líder del Centro Democrático recupera su libertad.
Entretanto, la Corte Suprema de Justicia aclaró que sí continuarán el proceso contra el representante a la cámara Álvaro Hernán Prada.
La definición de la ley que se aplicará en este expediente es fundamental
La defensa de Uribe pide que se revoque la medida de aseguramiento, y de elegir el camino de la ley 906, la Fiscalía tendría que empezar desde cero la investigación y, así, podría revisar temas que han sido reprochados por el expresidente. Por ejemplo, el tema de la interceptación del celular del exsenador que siempre ha dicho, fue ilegal, pero la Corte ha sostenido que no fue así, pues todas sus decisiones fueron legales. Aunque hasta ahora la Corte y la Fiscalía están en el proceso administrativo de enviar el caso al ente investigador, la decisión de definir la ley ya se discute entre los fiscales.
¿A quién le va a tocar el caso?
Sin embargo, antes de tomar esa decisión, trascendental para el proceso, los investigadores saben que hay un lío mayor: a quién le va a tocar el caso. De ser un expediente común y corriente, el caso llegaría a la Oficina de Asignaciones y así se determinaría qué fiscal de la Unidad contra la Administración Pública será el responsable. Sin embargo, esta investigación es todo menos común.
El senador Cepeda ya anunció la recusación en contra de Barbosa y Mancera, lo que frenaría ese proceso de asignación. Según el congresista, ninguno de los dos representa garantías de imparcialidad para adelantar el caso y, por eso, debería existir un fiscal ad hoc para avanzar con el expediente.
.canalrcn.
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