Con el fin de acelerar las deportaciones, el Departamento de Justicia (DOJ) publicó este jueves una propuesta de reglamentación para reformar los procesos de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) y eliminar las salvaguardas del debido proceso, según reportó laopinion
El Político
Así lo advirtió la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) en referencia al proyecto publicado en el Registro Federal, el cual propone enmendar las regulaciones de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) con respecto al manejo de apelaciones ante la BIA.
“El Departamento propone múltiples cambios al procesamiento de apelaciones para asegurar la consistencia, eficiencia y calidad de sus adjudicaciones”, justifica el cambio que, se asegura, ayudaría a “enmendar” regulaciones a fin de aclarar que “no existe una autoridad independiente de los jueces de inmigración” para cerrar casos administrativamente.
Laura Lynch, asesora principal de Políticas de AILA,destacó que la propuesta busca acelerar los procesos de deportación quitando poder a los jueces sobre los casos que atienden.
Alertó que “poner tanto poder en manos de un administrador que ni siquiera es un juez le dará a la Administración Trump una capacidad sin precedentes para manipular los tribunales, para promover su agenda de deportación”.
Agregó que “la necesidad de tribunales de inmigración independientes nunca ha sido más urgente”.
Vale recordar que las cortes migratorias dependen del DOJ, algo que los jueces han luchado por terminar, a fin de funcionar como otros tribunales, en forma independiente, pero el Congreso no ha atendido ese cambio.
El primer vicepresidente de AILA, Jeremy McKinney, considera que la nueva regla acelera los procesos a conveniencia de la Administración Trump, algo que intentó impulsar el exfiscal Jeff Sessions sobre limitantes para el “cierre administrativo” de casos de inmigración, lo que significa que algunos extranjeros encuentran un alivio en procesos en su contra, ya que los jueces concluyen que no representan un peligro para el país, además de tener hijos estadounidenses y otras conexiones con la comunidad.
McKinney indicó que "es la codificación de la regla de la prohibición que el exfiscal general Jeff Sessions trató de imponer sobre la capacidad de los jueces para cerrar casos administrativamente, una autoridad fundamental que los jueces necesitan para administrar de manera eficiente sus sobrecargados expedientes”, apuntó“.
Al menos dos tribunales de Circuito rechazaron el análisis de Sessions y revocaron la decisión. La regla propuesta es parte de un esfuerzo mayor del Departamento de Justicia para ejercer una influencia política indebida sobre las decisiones de los tribunales de inmigración y convertir los tribunales de inmigración en un mecanismo de ejecución”.
La publicación en el Registro Federal permite al público en general enviar comentarios durante 30 días, periodo que vence el 25 de septiembre.
Entre los ajustes propuestos están la calendarización de 21 días sobre los casos; cambios a regulaciones para reabrir expedientes, a fin de revisar la identidad de los inmigrantes o posible aplicación de la ley, como la deportación.
También permitiría a la BIA pedir más pruebas sobre apelaciones, así como acelerar la salida de extranjeros, incluso en forma voluntaria; además el administrador podría decidir sobre la prisión preventiva de un inmigrante.
Después del periodo de comentarios, el DOJ debería incluir las opiniones y modificar la regla antes de aplicarla, aunque también podría integrar los comentarios sin atender las sugerencias.
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