Se destapan cloacas en Uruguay y en Colombia, y salen estrategias como invitaciones a fiestas, viajes en yate, drogas, ropa, perfumes y dinero a adolescentes a cambio de sexo.
El Político
La ‘Operación Océano’ que investiga la presunta explotación sexual de menores en Uruguay cuenta hasta ahora con siete denunciantes y 21 imputados. La Fiscalía acusa a una veintena de personas, entre ellas, empresarios y profesores, de retribuir con dinero y regalos a adolescentes para mantener relaciones sexuales con ellas.
La Justicia no descarta ampliar la lista de sospechosos, en la que figuran, entre otros, un exjuez, empresarios, abogados, profesores y arquitectos de distintas nacionalidades.
El escándalo que conmociona a Uruguay saltó a la luz el pasado marzo, tras la aparición del cadáver de una adolescente de 18 años en la desembocadura del arroyo Solís Chico, en el departamento de Canelones.
La joven estaba en paradero desconocido desde hacía cuatro días. Al investigar su muerte, las autoridades descubrieron que en 2019 había denunciado al exjuez de menores Washington Balliva por explotación sexual.
La causa pasó a manos de la Fiscalía de Delitos Sexuales e interviene también la Dirección de Crimen Organizado e Interpol, ya que las autoridades buscan a un ciudadano argentino y a uno brasileño por su supuesta participación en los abusos.
Hasta la fecha, la Fiscalía ha reunido las denuncias de seis víctimas. Sospechan que las menores eran captadas en redes sociales y posteriormente explotadas sexualmente.
El pago podía ser dinero en metálico pero también drogas e invitaciones a salidas exclusivas. La Fiscalía no tiene pruebas por ahora de la existencia de una red delictiva, aunque no la descarta. Sí ha encontrado vínculos entre las jóvenes que le han permitido llegar a los acusados.
Imputado un profesor
El último imputado ha sido el empresario argentino Ricardo Orestes Cirios, de 63 años. Cirio, quien dirigió un colegio privado cerca de Punta del Este, está acusado de "reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo".
Por intermediación de su abogado, Cirios ha reconocido su relación con una de las adolescentes, pero alega haber sido “engañado” sobre su edad. Los investigadores buscan pistas en los teléfonos celulares, ya que muchos de los imputados abusaba de más de una víctima.
La mayoría de imputados son acusados del mismo delito que Cirios, aunque la Fiscalía ha presentado cargos por presunto proxenetismo contra dos empresarios.
Según el relato de una de las víctimas que consta en la acusación difundida por la Fiscalía, el proxeneta la obligaba a mantener relaciones con él siempre que quería, trabajaba “todos los días, todo el día”, la perseguía y escuchaba sus conversaciones telefónicas.
“No me sorprendió la magnitud porque intuíamos desde hace tiempo la existencia de este fenómeno y la profundidad”, declaró la semana pasada Jorge Díaz, el jefe de los fiscales uruguayos, al referirse a la investigación en curso.
La Fiscalía sigue investigando
Darviña Viera, fiscal de Delitos Sexuales, que actúa en la Operación Océano, dijo que “La fiscalía sigue investigando y, a raíz de esto, siguen apareciendo personas”, y agregó "Creo que tenemos tres personas requeridas". Cuando se le preguntó si están en el exterior, respondió: "Creo que sí".
El sábado se realizó la formalización número 21. Se trata de un argentino que está radicado en Uruguay. Viera confirmó que la persona "está o estuvo vinculado" a un centro educativo, pero desconoce cuál es la relación actual. Luego, cuando se le consultó si se va a investigar si cometió un delito allí, respondió: "Estamos investigando".
A su vez, informó que son varios los imputados que tenían cargos similares al de la persona que se formalizó el sábado. Asimismo, señaló que también estaban en contacto con adolescentes. La fiscal también expresó que no existen vínculos entre los indagados. "Podrá ser que se conozcan pero por ahora nosotros no vemos una red".
Juicio a empresario argentino
Un empresario argentino, de 63 años de edad, cuyo nombre se desconoce y que desde hace 20 años está radicado en Uruguay, es la persona a quien la jueza Adriana de los Santos le inició un proceso penal en su contra por un supuesto delito de explotación sexual de adolescentes y ordenó medidas de no acercamiento a la víctima.
A principios de marzo de este año, cuando surgió el primer brote del nuevo coronavirus, viajó a Argentina. Poco después, a través de su abogado Alejandro Balbi, supo que era buscado por un supuesto delito de explotación sexual de adolescentes.Para el argentino las medidas cautelares fueron la fijación de domicilio, prohibición de acercamiento o comunicación por cualquier medio con las víctimas por 180 días, retención de documentación y cierre de fronteras.
La fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, había solicitado a la Dirección de Crimen Organizado su captura en el marco de la “Operación Océano”.
El empresario pretendió viajar a Uruguay a presentarse en la Fiscalía. Pero las leyes de cooperación entre Uruguay y Argentina no lo habilitaban a regresar al país, ya que no tenía residencia ni documento de identidad uruguayo. Incluso Balbi realizó gestiones ante la Cancillería, pero fue en vano.
El empresario regresó el viernes 26 y quedó detenido. La fiscal subrogante de Viera, Andrea Naupp, también pidió a la justicia que se le suspenda al empresario el ejercicio de la patria potestad y se lo inhabilite para el ejercicio de funciones públicas y privadas.
Sin embargo, la jueza no hizo lugar por entender que era una pena anticipada. En la audiencia, la Fiscalía y familiares de la víctima dijeron que apelarán.
En Uruguay se radican anualmente cerca de 350 denuncias por explotación sexual de menores.
En Colombia crece el abuso de poder
En un debate de control político realizado en la Comisión Séptima del Congreso de la República, sobre la violencia sexual a menores de edad, se evidenció que las cifras de abuso infantil en el país son alarmantes.
Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), el abuso a niñas, niños y adolescentes aumentó en los últimos cuatro años, debido a que se pasó de 7.096 casos en 2014 a 12.945 en 2018. De 26.059 exámenes realizados, el 87% se practicaron a menores de edad, de los cuales 12.913 menores ingresaron a proceso administrativo por parte del Icbf.
Frente a este panorama, la representante por Bogotá, Ángela María Sánchez del Partido Cambio Radical y quien fue la citante de la discusión, solicitó al Icbf respuestas frente a los 9.875 casos de menores que se presentaron a Medicina Legal y que por razones desconocidas no continuaron con el proceso, lo que para la congresista muestra impunidad. “Los victimarios siguen sueltos y muchos más niños siguen siendo abusados en Colombia”, sostuvo.
En la discusión también se señaló que de los 12.913 menores que se encuentran en seguimiento del Icbf, 11.206 son niñas y que durante los años 2015 al 2016 se incrementó el abuso en niños en edades entre los 12 y 17 años, una situación “lamentable” que según la legisladora no ha sido atendida de manera adecuada.
Para la Organización internacional Save the Children, las consecuencias a corto y largo plazo del abuso sexual en menores son físicas, emocionales, conductuales, sexuales y sociales, que los pueden dejar marcados por el resto de sus vidas.
Por lo anterior, Sánchez señaló que es hora de tomar acciones efectivas para combatir este flagelo, motivo por el que planteó la necesidad de crear un escuadrón élite en contra de la violencia sexual contra menores de edad, así como un sistema de alertas tempranas y hacer una reforma a la justicia frente a estos delitos.
En este sentido, la representante por el Valle del Cauca, Norma Hurtado del Partido Social de Unidad Nacional (La U), sostuvo que “Necesitamos de ustedes Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son el garante de observación al niño en tiempo real que ha sido abusado".
El agresor no es un desconocido
El mayor peligro de los adolescentes procede de personas cercanas a la víctima.
Cuerpos policiales lograron la captura en la ciudad de Bogotá de Javier Ortiz Bueno, pastor de una iglesia cristiana ubicada en el barrio Estambul de Manizales, quien fue condenado por el titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la capital caldense a 12 años y 6 meses de prisión, por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo.
Pero son precisamente los organismos policiales los que abusan de los menores, como en el sonado caso de la violación de una niña indígena en Risaldarla. Las autoridades retiran de su cargo al comandante del Batallón San Mateo de Pereira al teniente coronel Wilson Caicedo Benavides . La decisión se había tomado para permitir que las investigaciones avancen sin ningún inconveniente.
Esta decisión de apartar de su cargo fue tomada por el general Eduardo Zapateiro luego del infortunado hecho registrado en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, donde siete integrantes del Ejército Nacional aceptaron haber violado a una menor indígena.
La mejor manera de disminuir el abuso sexual contra menores es mediante decisiones de castigo para los involucrados.
(Con información El País de España; El País de Uruguay)
