La vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, gestó la aprobación del contrato de $50 millones que PDVSA otorgó a David Rivera, dijeron personas con conocimiento de la situación, en lo que genera dudas sobre las versiones del ex congresista de la Florida de que el dinero fue desembolsado por ejecutivos de Citgo que conspiraban contra el gobernante Nicolás Maduro, reportó una nota de El Nuevo Herald.
El Político
El contrato formaba parte de una costosa operación de Caracas que buscaba frenar en el 2017 las sanciones estadounidenses contra el régimen socialista. Según las fuentes, los esfuerzos también involucraban al controversial empresario venezolano Raúl Gorrín y a otros actores que obtuvieron contratos millonarios similares a los que obtuvo Rivera.
“Yo puedo confirmar que hubieron múltiples contratos aprobados”, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.
Hasta el momento se desconoce las identidades de las personas que accedieron asumir labores de cabildeo a favor del régimen ante el gobierno estadounidense.
En el centro de la operación se encontraba Rodríguez, quien para la época se desempeñaba como canciller de Venezuela y a quien Maduro le dio la responsabilidad de buscar una solución diplomática a las crecientes tensiones con Washington.
“Delcy estaba involucrada personalmente en las comunicaciones” con Citgo. El mensaje era claro: “el contrato necesitaba ser adoptado”, dijo la fuente con conocimiento directo sobre la operación.
En otra señal de que la operación tenía la aprobación de la máxima cúpula del régimen, en los documentos y en los correos relacionados con la operación aparece el nombre del actual ministro de Finanzas Simón Zerpa Delgado, quien para la época se desempeñaba como presidente de Finanzas de PDVSA.
El escándalo, que está siendo investigado por las autoridades federales estadounidenses, sacudió a la opinión pública venezolana debido a las aseveraciones del ex congresista de Miami de que la totalidad de los $15 millones que recibió a través de PDV USA, filial estadounidense de PDVSA, como primer pago del contrato fue a parar a los bolsillos del líder opositor Leopoldo López y de su partido Voluntad Popular.
Según el ex legislador, el contrato fue gestado a espaldas del régimen por los seis ejecutivos de Citgo que actualmente se encuentran bajo arresto en Venezuela, y el objetivo era financiar las masivas protestas del 2017 contra Maduro.
Rivera también asegura que la operación estuvo detrás de la liberación de López, quien a mediados de ese año fue liberado de la cárcel militar de Ramo Verde.
Personas allegadas a López desmienten la versión de Rivera, calificándolas de absurdas y asegurando que ni el líder opositor, ni su esposa Lilian Tintori, recibieron un solo centavo del ex congresista o de Gorrín.
López es el mentor político del presidente interino Juan Guaidó, quien es reconocido por Estados Unidos y casi otros 60 países como el legítimo presidente de Venezuela.
Los esfuerzos del régimen por frenar las sanciones estadounidenses fracasaron miserablemente y la administración del presidente Donald Trump adoptó una cadena de medidas cada vez más severas contra el gobierno socialista, incluyendo sanciones generales contra PDVSA, y la inclusión de altas figuras del chavismo en la lista negra del Departamento del Tesoro.
Las sanciones y la diplomacia estadounidense han convertido al régimen en un paria internacional que hoy enfrenta grandes dificultades en tener acceso al sistema financiero internacional y se ve obligado a vender crudo en el mercado negro.
Aun cuando hasta ahora no hay registro de como Rivera distribuyó la totalidad de los $15 millones, una investigación realizada conjuntamente por el Miami Herald y el Nuevo Herald encontró que cerca de unos $4 millones de ese pago fue a parar en las cuentas de Gorrín
Otro tramo importante, de cerca de $3.5 millones, fue otorgado a la firma asesora de Esther Nuhfer, una recaudadora de fondos de Miami que había trabajado en las campañas políticas de Rivera.
Y Rivera también retiró al menos $150,000 de su cuenta bancaria empresarial en Chase en Miami-Dade, dijeron las fuentes. Los retiros de Rivera se consideraron sospechosos porque hizo 15 de ellos por $10,000 cada uno, con lo cual no evita los requisitos de información de la Ley de Secreto Bancario cuando las transacciones exceden esa cifra.
Además de su cuenta bancaria en Chase, Rivera llamó la atención de los investigadores federales cuando viajó a Suiza y Austria para hablar con bancos extranjeros sobre la posibilidad de depositar dinero allí, según las fuentes.
Rivera, un republicano de Miami conocido por sus críticas a los regímenes socialistas de Cuba y de Venezuela, está siendo demandado por incumplir con un contrato de cabildeo por la propia filial estadounidense de PDVSA que le otorgó el contrato, que actualmente es controlada por el equipo de Guaidó.
Según la demanda, Rivera redactó dos informes breves e infringió su contrato con PDV USA, lo que llevó al final de su relación contractual con la subsidiaria controlada por Venezuela en Estados Unidos. La filial estadounidense de PDVSA pagó a su empresa de asesoría los $15 millones entre el 21 de marzo y el 18 de abril de 2017.
Nota de El Nuevo Herald
