Liberalización, no discriminación, trato nacional y trato equivalente, son las bases de la Organización. El progreso de esta zona depende en gran medida de que pueda beneficiarse del enorme mercado estadounidense.
EL Político
El reciente anuncio de la admisión de Costa Rica en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se hará efectiva en breve, y la consumación del ingreso oficial en ella por parte de Colombia el pasado 28 de abril, suponen un espaldarazo a dos países esenciales para la estabilidad y prosperidad de la región central americana, desde el Golfo de México al ecuador.
La OCDE nació cuando veinte países de América del Norte y de Europa se adhirieron a la Convención de la OCDE llevada a cabo en París el 14 de diciembre de 1960. Su sede central está en París y sus idiomas oficiales son inglés y francés.
Actualmente tiene 27 miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía, Japón, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, México, República Checa, Corea, Hungría, Polonia, República Eslovaca, Chile, Israel, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, y Colombia, los cuales se comprometen a aplicar los principios de liberalización, no discriminación, trato nacional y trato equivalente.
Se ha constituido en uno de los foros mundiales más influyentes, en el cual se analizan y se establecen orientaciones sobre temas de relevancia internacional como economía, educación y medio ambiente.
México es miembro de la OCDE desde 1994, cuando el país se “modernizó” al entrar en vigor el tratado de libre comercio con Estados Unidos de América y Canadá.
Con el ingreso de Colombia y Costa Rica ya son cuatro las naciones latinoamericanas (la otra es Chile, que ingresó en 2010) en formar parte de la OCDE, conocida como el “club de los países ricos”, pero que sobre todo es una asociación para promover altos estándares en las políticas públicas.
El valor de pertenecer a la OCDE
Podría decirse que pertenecer a la OCDE es revalorizar el carnet de país “occidental” con la categoría “Premium”, lo que presupone haber alcanzado unas prácticas institucionales y económicas que debieran favorecer, por estar en la misma “longitud de onda”, un entendimiento básico y confiado, en las dos direcciones, con Estados Unidos de América.
El progreso de la región central americana (del sur de Norteamérica al norte de Sudamérica) depende en gran medida de que pueda beneficiarse del enorme mercado estadounidense. De hecho, varios pequeños países salvan su economía con la exportación a Estados Unidos de América y la ayuda de las remesas que llegan desde allí.
La entrada de Colombia y Costa Rica en la OCDE da a Estados Unidos mayor tranquilidad sobre el correcto rumbo de sus vecinos, porque se quiera o no, la región siempre será un área de máxima seguridad para la superpotencia, y supone una señal de corresponsabilidad que ayuda a una relación más igual con Washington.
Zonas francas de exportación
La cercanía a Estados Unidos de América va a resultar beneficiosa para los países circundantes en la era en la que nos encontramos. El cuarteamiento de la globalización, que ya había comenzado antes de la pandemia que sufre el mundo (guerras comerciales, Brexit, etc.), se está acelerando con el coronavirus. La ruptura de las cadenas de suministros ha alertado a las empresas sobre el riesgo de depender en exceso de las grandes distancias.
Aunque en cierta forma eso puede alentar la autarquía en algunos países, la necesidad de mano de obra más barata que la nacional revalorizará la existencia de centros de producción a buen precio y con la experticia necesaria en un radio logístico sensato.
Ahí entran en juego las zonas francas de exportación de la región ribereña del Caribe, como las de Costa Rica, República Dominicana y Colombia, que ofrecen una mano de obra cada vez más cualificada a precios competitivos.
Para una empresa de Estados Unidos, o de otro país pero bien implantada en el mercado estadounidense, es especialmente rentable usar los beneficios fiscales de instalarse en esas zonas francas; la mercancía puede trasladarse en barco a su destino en poco tiempo sin temor a mayores disrupciones. El Caribe, o el Gran Caribe, incluyendo el Golf de México, se revalorizará como mar interior del hemisferio occidental.
Mayor comercio de Estados Unidos de América con la región
En su último libro, Desunited Nations, el estratega geopolítico estadounidense Peter Zeihan pronostica que, en la nueva era a la que nos encaminamos, Estados Unidos de América aumentará el comercio con su entorno regional, concentrando en él, “por necesidad” sus importaciones y exportaciones, que totalizan 4,3 billones de dólares (todo el comercio latinoamericano, descontando el de las materias primas, es de 2,3 billones).
Lo mismo ocurrirá en relación a Estados Unidos de América con los países de esa región central americana, cuyo comercio con otros continentes o incluso con la punta sur de Sudamérica se complicará.
Zeihan manifiesta que “Los países de la cuenca del Caribe están mucho más cerca de los centros de población estadounidenses de Houston, Nueva Orleans y Miami que de los mayores centros de población del Cono Sur, y que mientras gran parte del mundo debe adaptarse a un mundo ‘sin’ Estados Unidos de América, estos países en cambio deben aprender a sobrevivir en un mundo solo ‘con’ Estados Unidos de América”.
Ese renovado interés de Washington por su propio hemisferio dará una mayor actualidad a la Doctrina Monroe, aumentando su celo por impedir que cualquier otra potencia merodee por la zona no solo importante para Estados Unidos de América a nivel de seguridad nacional, sino también de seguridad comercial.
Zeihan le da el nombre de “desorden” a la nueva era de general replegamiento, y asegura que allí “la interpretación estadounidense de Monroe será incluso más agresiva”.
La Doctrina Monroe, sintetizada en la frase “América para los americanos”, fue elaborada por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe en 1823. Establece que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos de América.
(Con información de ABC)
