La demanda contra Interamerican Consulting Inc, empresa de maletín del excongresista David Rivera, ocultaría hechos irregulares, en los que ejecutivos de CITGO de la antigua administración y, —que han sido premiados por la junta directiva nombrada por Juan Guaidó— tienen amplia responsabilidad.
Por Maibort Petit / El Político
La querella estaría plagada de imprecisiones que tienen como fondo «encubrir lo que realmente ocurrió en el seno de CITGO». El caso, que involucra al político de la Florida se presentó hace 3 años ante las gerencias de CITGO, y desde Febrero 2019 a la directiva que preside Luisa Palacios, pero hasta la fecha no se habían tomado acciones. Muchos se preguntan ¿Por qué ahora?.
A continuación les contamos parte de esta historia de corrupción variopinta.Una demanda por incumplimiento de contrato —interpuesta ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el escritorio jurídico de CITGO, Willkie Farr & Gallagher LLP, [encabezado por los abogados Jeffrey B. Korn y Michael Gottlieb]— fue publicada por primera vez por el New York Times el 13 de mayo de 2020 (1). En la querella, PDV USA busca que Interamerican Consulting Inc, —una empresa de maletín propiedad del excongresista cubano-americano, David Rivera— devuelva al menos $15 millones (más intereses) por servicios ‘de cabildeo’ que no prestó y que estaban especificados en un contrato firmado por empresa registrada en la Florida con el régimen de Nicolás Maduro en 2017. Rivera, quien ha sido investigado por el FBI por otras situaciones irregulares, dijo luego al Miami Herald que: “Todos esos fondos fueron a la oposición para protestas contra Maduro en el verano de 2017. Nunca vi un centavo de eso. Eso es todo lo que sé»(2).
Rivera agregó al Nuevo Herald que la administración Trump, incluido el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado, «estaban al tanto de todo».
No está claro cómo el gobierno liderado por Maduro eligió a Rivera para ayudar a apuntalar la imagen de su filial petrolera en los Estados Unidos.
¿Quién pagó los $15 millones a David Rivera?
La demanda fue interpuesta por uno de abogados de CITGO, que ha trabajado para las administraciones del régimen chavista, y quien fue contratado nuevamente por la presidente de la Junta Directiva de CITGO, designada por el presidente interino, Juan Guaidó en 2019, Luisa Palacio. Michael Gottlieb —quien también estuvo asociado al bufete que defendió a los narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro— ha jugado un rol crucial en las decisiones de Palacios. En Venezuela Política hemos escrito sobre la relación Palacios- Gottlieb y el acoso que ambos mantienen al personal de CITGO que ha denunciado las irregularidades dentro la corporación. (3).
El pago corrupto Una fuente interna, conocedora del caso, destaca lo siguiente: «la explicación de los hechos dada por el bufete de abogados no es del todo cierta». En marzo de 2017, ocurrió un acontecimiento en la sede de CITGO en Houston, que generó reacciones de varios de los que velaban por el acatamiento y cumplimiento de las normas de Compliance o cumplimiento de la corporación y que tenían la obligación [imprescindible] de garantizar que CITGO cumplieran todas las obligaciones legales.
Por aquel entonces, se presentó una factura para justificar un pago de $15 millones a favor de Interamerican Consulting Inc. Lo primero que llamó la atención fue la calidad de la ‘factura’, que —a decir de muchos— era un simple papel, sin los requerimientos mínimos esenciales para poder pagarla». A todas luces se veía que «era una operación de la lavado de dinero», sostuvieron dos fuentes internas de CITGO, consultadas en condición de anonimato debido a la persecución a la que está sometido el personal de la filial de PDVSA en Estados Unidos.
La factura «por servicios profesionales» era por el monto de $15 millones, y «se pagó por una orden de arriba». Para ese momento, José Pereira (actualmente preso en Venezuela, acusado por delitos de corrupción) era el vicepresidente de Finanzas y fue quien ordenó a Gina Coon (actual Tesorera) que pagara la cuenta porque era una orden del CEO de CITGO, Nelson Martínez (fallecido en custodia del Estado venezolano en diciembre de 2018). El jefe de Servicio de Compliance era Rick Esser.
CITGO pagó la factura a la empresa del excongresista David Rivera, y «todos aquellos que se quejaron fueron removidos de sus puestos de trabajo». La aprobación del pago de los $15 millones violó todas las reglas de la empresa y es una razón suficiente para que haya sanciones legales.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos investiga esta operación —entre otras que se cometieron durante la presidencia de Nelson Martínez— para favorecer al régimen de Nicolás Maduro.
Febrero de 2019
Cuando asumió la nueva junta directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios, se les informó sobre las múltiples irregularidades cometidas por las anteriores administraciones de CITGO, y les entregaron informes sobre los ejecutivos que presuntamente habían cometido los delitos, tanto los venezolanos como los norteamericanos. Pero, contrario a lo que muchos esperaban, los nuevos directivos no tomaron ninguna acción, sino que se dedicaron a evitar que la información trascendiera las paredes del edificio sede ubicado en 1293 Eldridge Pkwy, Houston, TX 77077. La explicación de las fuentes consultadas para este reporte, refleja que detrás de la demanda hecha por el bufete Willkie Farr & Gallagher LLP «hay muchos hechos sin contar». Una de ellas señala: «Esto no es ni el 10% de la historia», a la vez que aseguró que: «mucho de los hechos reportados por ambas partes no son ciertos».Otra fuente de PDVSA, Caracas, confirmó a Venezuela Política que «los pagos a la empresa Interamerican Consulting Inc fueron hechos en un cien por ciento por el personal de CITGO, por orden de la junta directiva de PDVSA. Las operaciones fueron procesadas y ejecutadas por José Pereira ( bajo arresto en Venezuela) y Gina Coon (actual tesorera de CITGO) violando todos los controles y procedimientos internos de revisión».
Un elemento importante, que vale la pena destacar, es que los registros constitutivos de PDV USA muestran que la empresa demandante es un ente de la misma CITGO. «Para el momento que se realizaron los pagos corruptos a la empresa de maletín del excongresista David Rivera, CITGO estaba manejada, controlada y administrada por José Pereira, Gustavo Cárdenas, y Nelson Martínez», acota la fuente consultada en PDVSA, Casa Matriz .
En la demanda se pretende establecer que PDV USA es una unidad de PDVSA, «pero dicho argumento es sólo para encubrir a CITGO», dijo una fuente interna familiarizada con el caso.
PDV USA es fondeada por las compras de petróleo y pagos que hace CITGO a PDVSA. «En vez de pagar a PDVSA, parte de ese dinero es/era transferido a las cuentas de PDV USA en Estados Unidos, para pagos [principalmente] a proveedores, que en realidad no eran tales, por ejemplo: 1) Proveedores usados en CITGO Aruba; 2) Gastos de propaganda política del régimen venezolano en los Estados Unidos; 3) Gastos de viaje de personajes del régimen,
[Delsy Rodríguez y otros]; 4) Gastos de los consulados, fiestas en misiones de la ONU en NYC, [como fue el caso de Rafael Ramírez y María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez]; y 5) muchas otros pagos como donaciones no controladas.
Los reportes internos muestran que las cuentas bancarias de PDV USA son/eran manejadas por Gina Coon (Tesorera) bajo la dirección de José Pereira, Gustavo Cárdenas y Nelson Martínez.
El entramado de corrupción que se manejó desde CITGO envuelve muchos otros casos como el del ex congresista, David Rivera. «Hay operaciones fraudulentas vinculadas a abogados, congresistas, consultores, contratistas y empleados de CITGO que colaboraron con las transacciones corruptas y apoyaron al régimen de Nicolás Maduro desde los Estados Unidos», aseguró la fuente.
Contrario a lo que dice la demanda del bufete Willkie Farr & Gallagher LLP, «los detalles y hechos de este caso son varios y envuelven varias acciones ilegales que afectan principalmente a CITGO, comenzando por violaciones de políticas y procedimientos internos, así como posibles violaciones de leyes de lavado de dinero, fraude, soporte a un régimen comunista, fraude postal, fraude electrónico, entre otros hechos ilegales incluidos en la ley RICO y otras leyes federales de los Estados Unidos», acotó.
Una de las fuentes consultadas señaló que la demanda «es una presunta estrategia de la actual junta directiva de CITGO que busca cubrirse las espaldas ante la investigación que realiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en CITGO».
Otro informante sostiene que «el abogado Michael Gottlieb, Luisa Palacio, Carlos Jordá y el resto de los actuales directivos saben que no va a recuperar los $15 millones de la demanda y que la única razón por la cual se interpuso la querella fue por la presión que existe por la investigación del DoJ». Se preguntan: ¿Por qué CITGO no demandó a Ernesto Guevara que supuestamente defraudó a CITGO por más de $300 millones?.
Además de los ejecutivos mencionados, en los reportes internos de CITGO sobre este caso, aparecen señalados [por ser presuntamente cómplices o encubridores] Gina Coon, Rick Esser, Jennifer Moos (recientemente jubilada sin ser investigada) y Judith Colbert(4).
Hasta la fecha, la junta directiva designada por Juan Guaidó y sus abogados, no habían tomado acciones significativas en contra de los proveedores y empleados que defraudaron a CITGO, «por el contrario, han soportado la retaliación en contra de los empleados/directores que reportaron casos de fraude internamente (incluyendo el de David Rivera), y han encubierto a empleados que presuntamente son cómplices en operaciones de lavado de dinero en CITGO», acotan.
Este caso fue reportado a Rick Esser y Jennifer Moos, porque estos dos ejecutivos de CITGO eran quienes manejaban el Comité de Cumplimiento «y no cumplieron con su deber de revisar y aplicar las leyes federales, que obligan a las empresas a investigar todas las demandas internas de empleados y asegurarse de actuar adecuadamente, tomar acciones correctivas, implementar controles necesarios, entre otras acciones».Puedes leer el resto del reportaje aquí.
