La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reclamó este jueves al régimen de Nicolás Maduro la liberación incondicional de todos los presos políticos de Venezuela.
El Político
En el marco del cuadrágesimo tercer período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que se celebra esta semana en Ginebra, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que su oficina en Venezuela ha documentado “más de 130 casos de presuntas violaciones de los derechos de las personas privadas de libertad".
“Reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de detención arbitraria”, dijo Bachelet.
A este respecto ha “tomado nota” de la excarcelación de 14 personas durante el pasado mes de enero. Sin embargo, Foro Penal, una ONG venezolana dedicada al seguimiento de la población penitenciaria, cifra en al menos 351 los presos políticos en el país, entre ellos 120 militares y un adolescente.
Bachelet aseguró este jueves, 27 de febrero, que el próximo 10 de marzo presentará una nueva actualización sobre la situación de los derechos humanos, tras el que dio a conocer en diciembre pasado y el Informe Bachelet que publicó en julio de 2019.
Detenciones arbitrarias
Los más de 130 casos fueron presentados ante el comité de coordinación de la Oficina de la Alta Comisionada, que definió como “un mecanismo de protección interinstitucional establecido junto con mi Oficina”.
Adelantó que sus funcionarios en Venezuela visitaron tres nuevos centros de detención, donde entrevistaron a 28 presos de manera confidencial.
Sin embargo, reiteró su llamado a que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con las directrices del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que la semana pasada calificó como una detención arbitraria la privación de libertad del jefe de gabinete de Juan Guaidó, Roberto Marrero.
Aunque Bachelet no se refirió a este caso en específico ni otros del grupo de trabajo si señaló que “reitero mi llamado para la liberación incondicional de todos los detenidos por razones políticas, incluida la aplicación de las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria”.
Situación en los centros penitenciarios
Los representantes de la oficina de Bachelet en Venezuela han podido realizar varias visitas a cárceles en las que han entrevistado a 28 personas “de manera confidencial”, documentando “más de 130 casos de presuntas violaciones de Derechos Humanos de personas privadas de la libertad”.
El equipo de Bachelet remitió estas denuncias al Comité de Coordinación, “un mecanismo de protección interinstitucional” establecido en conjunto con la ONU, “para su acción”. “Agradezco la cooperación de las autoridades y reitero la solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de Inteligencia”, ha reclamado.
La ex presidenta chilena ha revelado que su oficina ha iniciado conversaciones con el régimen de Maduro “para la adopción de un protocolo que permitiría observar juicios y monitorear el respeto a las garantías judiciales”.
“Agradezco el espacio operacional hasta ahora garantizado a mi oficina”, ha dicho, al tiempo que insistió en que “es vital que en los próximos meses podamos avanzar hacia el establecimiento de una oficina de país”.
Actualizaciones previas
La jefa de Derechos Humanos de la ONU visitó Venezuela el pasado mes de junio, tras lo cual presentó un informe muy crítico con el régimen de Maduro, al que acusó de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y atención médica.
Desde la presentación de su informe en julio la Alta Comisionada ha presentado dos actualizaciones; una en septiembre donde condenó que hayan desoído su recomendación de eliminar las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y una el 18 de diciembre de 2019.
Esta última reflejó que tras visitar nueve centros de detención se documentaron “118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena”.
También mencionó la precaria situación económica, la perdida de poder adquisitivo de los venezolanos, fallas en los servicios públicos y “la situación de riesgo de niñas, niños y adolescentes es preocupante. Una muestra de ello es el Hospital Pediátrico J.M. de los Ríos”.
Igualmente habló de la documentación de casos de ejecuciones extrajudiciales de las Faes, además de “actos y casos de restricción de libertades públicas, limitando el espacio cívico-democrático. Hemos recibido denuncias de actos de hostigamiento, amenazas y detenciones por parte de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad”.
10 de Marzo
Bachelet explicó que el resumen expuesto este jueves se centra en la actividad de su oficina en Venezuela, avanzando que el próximo 10 de marzo abordará la situación de Derechos Humanos en el país.
No obstante, también expresó su preocupación “por el impacto potencialmente severo en los Derechos Humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos”, a pesar de las excepciones contempladas en materia de asistencia humanitaria.
El Palacio de Miraflores considera “errático” este informe, pese a lo cual ha mantenido los contactos con Bachelet y su oficina en estos meses. El miércoles, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió con Bachelet en Ginebra.
Fuentes: Efecto Cocuyo / Infobae
