Según Adriana Arboleda, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en el país se presentaron más de 6.000 casos de falsos positivos en el periodo comprendido entre 2002 y 2009.
El Político
Durante el pasado fin de semana se conoció que en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, estaría la primera fosa común de ejecuciones extrajudiciales.
Caracol Radio accedió la lista de lugares donde también habrían más fosas comunes, los lugares son:
Antioquia:
- Cementerio de Dabeiba.
- Hidroituango.
- Comuna 13.
- Municipio de Betulia.
- Puerto Berrio.
Caldas:
- Vereda Pradera, en Victoria.
- Resguardo Indígena de San Lorenzo, Ríosucio.
- Vereda Simitarra, Norcasia.
- Vereda la Cristalina, Samaná.
Magdalena Medio:
- Vereda Muzanda en Lebrija, Santander.
- Cementerio de Aguachica, César.
- Hoyo Malo en San Vicente de Chucurí, Santander.
- Cementerio Colombia en Cimitarra, Santander.
Sucre:
- Cementerio del corregimiento de Rincón del Mar, en San Onofre.
- Finca la Alemana.
- Cementerio Central de San Onofre.
- Finca el Palmar en San Onofre.
Las organizaciones de víctimas han pedido la protección y preservación de estos lugares en donde se podrían encontrar víctimas de estos falsos positivos, que recordemos son los casos en los que jóvenes y campesinos fueron presentados por el Ejército como guerrilleros dados de baja en combate.
Amenazan de muerte a Secretaria Técnica de Movice
Candelaria Barrios Acosta ha recibido amenenazas por acompañar a los familiares de las víctimas
La secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) de Colombia, Candelaria Barrios Acosta, ha sido amenazada otra vez de muerte, junto con una dirigente del movimiento, Malena Martínez Montoya.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo señaló la relación de estas amenazas con el acompañamiento que hace el movimiento con los familiares de las víctimas de la masacre de La Guaripa, el 25 de enero de este año.
El representante del colectivo y abogado de los familiares de las víctimas de la tragedia, Alirio Uribe, aseguró, este viernes, en un programa radial de Colombia, que la secretaria técnica ha recibido las amenaza,s antes de la audiencia de este viernes, en San Marcos.
«La señora Candelaria recibe múltiples llamadas de número desconocido y, finalmente, ella contesta. Le han proferido amenazas para que no acompañe a los familiares de las víctimas, manifestando que no vayan a la audiencia, que pueden ser asesinados, y diciendo que se vayan del departamento de Sucre«, dijo Uribe.
Por su parte, el Colectivo de Abogados envió un comunicado al presidente de Colombia, Iván Duque, para alertar sobre la situación y solicitar la activación de una alerta temprana por riesgo de homicidio para las dirigentes del Movice.
De acuerdo con el comunicado del Colectivo de Abogados, es “para que no asistan ellas a la audiencia en mención, ni los abogados, de lo contrario serían asesinados y desmembrados todos, hasta los escoltas, exigiéndoles que abandonaran el Departamento de Sucre, estando ya advertidos y que tomaran cada amenaza en serio”.
La tragedia de La Guaripa fue el triple asesinato de los hermanos Mercado en una finca en Majagual, Sucre. Supuestamente, fueron asesinados por órdenes del exdirector de la Caja de Compensación Familiar de Sucre, William Martínez Santamaría.
En cuanto al cementerio Las Mercedes se ordenó a la Policía y demás autoridades de Dabeiba, Antioquia, custodiar este lugar para que no haya alteración a la escena de investigación, porque ya hay denuncias de querer desaparecer evidencias.
Inicialmente se buscan 50 personas que podrían ser víctimas de estos falsos positivos. Ya Medicina Legal analiza 14 casos con un grupo especializado.
Un acierto de la JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia inició la remoción y exhumación de 50 cadáveres de personas que habrían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército en el conflicto armado interno, en el Cementerio Católico Las Mercedes, ubicado en el municipio Dabeiba, en el departamento de Antioquia.
La JEP surgió del acuerdo firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
«Esta diligencia se realiza luego de una serie de versiones voluntarias, en las que un exintegrante del Ejército indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado en Dabeiba», dijo un comunicado de la JEP, reseñan medios internacionales.
Presumen que en el cementerio se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate o falsos positivos.
La JEP aseguró que desde el nueve de diciembre y hasta la fecha se han exhumado siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos, pero de inmediato no reveló la fecha ni las causas en que murieron.
De encontrarse los 50 cuerpos, se trataría de una de las más grandes masacres de civiles por parte de efectivos del Ejército Nacional en medio del conflicto armado, dijo una fuente del tribunal.
«Es importante señalar que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria y que es una respuesta de la JEP para investigar y encontrar la verdad plena sobre la desaparición forzada, en el cual se viene trabajando con otras medidas», indica una nota publicada en el portal de la JEP.
El soldado Buitrago caminaba por entre las tumbas del cementerio católico Las Mercedes, en Dabeiba, Antioquia. Entró a ese lugar el lunes pasado después de algo más de diez años, e intentó hacer memoria sobre el punto donde él y su unidad militar, según dice, sepultaron a decenas de jóvenes inocentes que convirtieron en falsos positivos.
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Sus declaraciones destaparían un capítulo de ejecuciones extrajudiciales desconocidas, con características inéditas en la historia del conflicto colombiano. Sobre todo porque aquí se unen tres factores: un macabro modus operandi para asesinar, un número grande de víctimas que hoy siguen desaparecidas y una posible estrategia para silenciar la verdad. El hecho de que hayan permanecido ocultas en un mismo lugar tanto tiempo plantea innumerables interrogantes sobre el papel del aparato judicial alrededor de uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano.
— ¿O sea que los enterraron en bolsa?—le preguntó a Buitrago el magistrado Alejandro Ramelli, quien lleva el caso número 003 de la JEP, en el que investiga las “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. El caso que él y sus colegas Gustavo Salazar y María del Pilar Valencia empiezan a indagar daría cuenta de cerca de medio centenar de ejecuciones extrajudiciales, supuestamente cometidas entre 2006 y 2007; según los primeros indicios. Y podrían ser más.
—No, así, fueron enterrados sin nada.
Los muertos de los que habla Buitrago no pasaban de los 30 años.
—¿Y recuerda los impactos?—.
Buitrago, quien luego de haber comenzado a colaborar con la Justicia ha recibido amenazas de muerte, caminó a paso firme entre decenas de cruces blancas y tumbas. El cementerio Las Mercedes está ubicado en una loma, y a la vez en un valle bordeado de montañas en las que se ven algunas vacas y una que otra antena de telecomunicaciones.
“Mi primero le dio la orden al soldado de la ametralladora para que le dispara después de muerto, para que no lo reconocieran”.
Buitrago señaló con el dedo hacia lo alto para indicar el punto donde asesinaron a tal joven, donde simularon un operativo que nunca pasó y con el que inflaron los resultados de este batallón. Así los soldados cobraron permisos de descanso y se ganaron felicitaciones en sus hojas de vida.
Luego, el soldado Buitrago dio unos cuantos pasos y se paró sobre la tierra que escondería otras tumbas: muchas de las víctimas que pueden estar ahí debajo, según aseguró este soldado, eran muchachos que traían de Medellín. Ejecutarlos tan lejos de casa libraba a los militares de reclamos y denuncias de familiares.
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—Desde acá se ve dónde fueron los hechos —señaló hacia una montaña—. Allá donde se ve esa cerca de matarratones, ahí abajito por esa faldita, cerca de una casa donde vivían dos ancianitos—dijo mientras describía algunas de las escenas de los crímenes.
El soldado habló de asesinatos de inocentes. Ni su gesto ni su cuerpo mostraron alguna alteración. Mientras hablaba, un sol canicular calentaba a más de 30 grados. Un viento ligero refrescó un poco a los asistentes a la diligencia. A Buitrago le bajaron unas cuantas gotas de sudor por la nuca y le empaparon la espalda. Ese fue el único esfuerzo físico suyo en ese recorrido en el que hizo un inventario de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por su unidad militar.
Su batallón pudo haber cometido hasta 75 casos de falsos positivos en los dos años que estuvo allí. Él dice haber participado en unos 20. En un documento de la JEP calculan alrededor de 50. Casi todos estos casos han pasado de agache para la Justicia. Solo Pedraza –el suboficial que un día ordenó desfigurar un cadáver con una M60– lleva a cuestas una condena por uno de estos casos de Dabeiba. La víctima era un habitante de la calle sumido en las drogas al que mostraron como un guerrillero dado de baja en combate. Pero es una excepción, porque casi todos los uniformados vinculados con estos hechos nunca han sido procesados. Son casos impunes.
En el cementerio de Dabeiba reposan 32 necropsias de cuerpos que el Ejército registró como muertos en combate, pero que hoy por los testimonios de Buitrago y Pedraza podrían corresponder a ejecuciones extrajudiciales. De ese número solo 10 tienen actuaciones en la justicia penal militar. Y la mayoría no ha avanzado.
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La diligencia tuvo lugar el lunes pasado, pero este proceso lleva en marcha algunos meses en la justicia transicional. De hecho, en septiembre, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) le pidió a la JEP decretar medidas cautelares sobre el cementerio Las Mercedes, tras considerar la importancia de la verdad que allí podría estar enterrada.
Vista panorámica del cementerio de Dabeiba, Antioquia. En el área acordonada con cinta el soldado Buitrago dice que enterraron los cuerpos de falsos positivos.
Los magistrados de la JEP escucharon las versiones de Buitrago en diligencias previas y la jurisdicción mandó una avanzada para estudiar el lugar. Finalmente el lunes de la semana pasada los magistrados viajaron con la misión de contrastar en el terreno las declaraciones del soldado y de conseguir más evidencias. En solo cinco días de excavaciones los funcionarios judiciales habían recuperado restos de nueve cuerpos.
Buitrago había salido de su lugar de reclusión y llegó a Dabeiba muy temprano en la mañana del lunes. Con gafas de sol, un reloj deportivo y botas ajustadas hasta medio tobillo entró al camposanto. Se trata de un espacio en circunferencia. En el centro está emplazado un atrio para las ceremonias religiosas. Alrededor, en los bordes del cementerio, hay tres bloques con cientos de osarios. Estas tumbas contrastan con las que están en la tierra, que aparecen extrañamente uniformes. Esta podría ser una de las señales que apuntan a que hubo una operación para alterar el lugar, y así evitar que saliera a la luz la verdad del camposanto.
El soldado Buitrago asegura que su batallón puede haber cometido hasta 75 falsos positivos. Él dice haber participado al menos en 20.
Las tumbas anuncian fechas de fallecimientos muy distantes entre sí –con hasta 50 años de diferencia– pero la mayoría de las cruces de concreto se ven recién pintadas con el mismo tono de blanco. Esas cruces están marcadas en su mayoría con pintura negra y una caligrafía similar, como si la misma mano las hubiera marcado con letra cursiva. En el cementerio han pasado cosas raras. Y varios testimonios así lo corroboran.
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Buitrago también tuvo la sensación de que el lugar era distinto al que visitó con frecuencia 12 años atrás. Se sorprendió tanto que, al entrar, buscó al sepulturero para preguntarle por las modificaciones. Y así supo que habían cambiado de sentido las cruces, Ya no apuntaban al sur, como hace una década, sino al oriente. A lo largo de la diligencia empezarían a aparecer otros indicios del capítulo de ocultamiento de pruebas.
Un batallón criminal
La compañía del Ejército a la que pertenecía Buitrago actuó en Dabeiba como una verdadera organización criminal. De ello quedaron registros. En su momento algunos campesinos denunciaron ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas a los civiles que poblaban las montañas colindantes al nudo del Paramillo y al Cañón de la Llorona, en el occidente de Antioquia. La mayoría de las investigaciones, sin embargo, nunca prosperaron. Nadie escuchó a los denunciantes.
En los folios que reseñan estas muertes hay todo tipo de irregularidades y actos que evidencian la manipulación de los elementos materiales probatorios. “Nos encontramos con el cadáver NN, el cual no se encontraba con su respectivo rótulo ni cadena de custodia (…) constancia del juez indica diferencias de reporte de heridas descritas en necropsia y las registradas en las actas de inspección”, dice en uno de los expedientes.
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Al momento de llevar los cadáveres al cementerio, los militares se aseguraban de que los cuerpos quedaran enterrados sin ningún tipo de reseña. En otro de los archivos quedó esta constancia: “El jefe de los obreros del municipio informa que en el cementerio se destina un lugar para inhumar todos los cadáveres NN, convirtiéndose en un sitio conocido como fosa común, en que se inhuman quince o veinte cadáveres sin rótulo, nombre ni fecha”. Esta declaración la firma la inspectora de Policía de la época.
Los magistrados de la JEP María del Pilar Valencia, Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli dirigieron el comienzo de las exhumaciones en el cementerio de Dabeiba. Los magistrados de la JEP María del Pilar Valencia, Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli dirigieron el comienzo de las exhumaciones en el cementerio de Dabeiba.
Hay más indicios de los asesinatos a manos de esta unidad. Cuando corría el segundo mandato de Álvaro Uribe Vélez, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz puso en conocimiento de la Presidencia que aquel batallón estaba violando las convenciones humanitarias. Y que tenía como blanco de sus operaciones macabras a mujeres, menores de edad y personas reincorporadas a la vida civil tras haber desertado de la guerrilla.
El informe detalla varios hechos de horror. Entre ellos, la ejecución extrajudicial, nunca investigada, de un hombre discapacitado. El soldado Buitrago, parado en la mitad del cementerio, dio esta semana pistas de ese caso por primera vez en 12 años.
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—El discapacitado de la mula. Ese sí puede buscar el registro acá en el municipio porque las personas sí lo reconocieron y le decían Mollejo —dijo Buitrago. También mencionó que la víctima vivía en un caserío llamado Cuchillón.
Cuatro colombianos condenados a cadena perpetua en Catar serán repatriados
El defensor del Pueblo, Carlos Negret, los visitó el sábado y les contó que saldrán de la cárcel y volarán hacia Colombia a reencontrarse con sus familiares una vez terminen los trámites administrativos.
Después de ocho años y seis meses preso en una cárcel de Catar, el infierno para Juan Pablo Iragorri está próximo de llegar a su fin. El instructor colombiano de paracaidismo fue condenado a cadena perpetua en una actuación aparentemente irregular, pues fue obligado a firmar unos papeles en un idioma que no conocía y que lo vinculaban con hechos de narcotráfico.
“Empezamos un trabajo técnico, diplomático y llevamos once meses con prudencia, paciencia, pertinencia”, aseguró el defensor del Pueblo.
La misma suerte corrieron Francisco Javier Vergara, Yesid Mejía Herrera y Martha Yanira Castellanos quienes en los próximos días regresarán a Colombia.
“Fue un trabajo diplomático y ante todo la generosidad del Gobierno de Catar que permite la transferencia de cuatro ciudadanos colombianos a que prontamente estén encuentro país”, añadió Negret.
El funcionario le confirmó a Noticias RCN que las cuatro personas regresarán al país para estar con su familia y no para continuar presos.
