Una investigación de 17 medios de comunicación de diversos países, entre ellos El País, ha arrojado nueva luz sobre las prácticas de vigilancia, persecución e internamiento forzoso de Pekín contra la minoría uigur
Por primera vez un documento interno del régimen comunista reconoce el rastreo de información personal a partir de ‘software’ instalados en los teléfonos de miles de personas
El Político
Lo que parece la clásica historia feliz de una start-up tecnológica se ha convertido en un capítulo clave del sistema de vigilancia masiva que utiliza el gobierno chino para identificar, detener y encerrar sin juicio previo a miles de personas de etnia uigur, una minoría musulmana que vive en Xinjiang, en el oeste del país.
Xinkiang es un territorio autónomo en el noroeste de China que comprende una vasta región de desiertos y montañas. Alberga muchos grupos étnicos minoritarios, incluido el pueblo turco uigur. El antiguo recorrido comercial de la Ruta de la Seda, que vincula a China y el Medio Oriente, pasó por Xinkiang.
Espionaje tecnológico
Los documentos secretos filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) y compartidos con 17 medios internacionales, demuestran el avance tecnológico del gobierno chino para vigilar a los miembros de esta etnia. Y desvelan su potencial: a partir de los datos de aplicaciones inofensivas, consiguen rastrear “uno por uno” a cerca de dos millones de personas.
La aplicación móvil mencionada en uno de los boletines filtrados, del 29 de junio de 2017, es Zapya (Kuai-Ya en chino). Se trata de un software que permite compartir archivos de texto, fotos y vídeos sin necesidad de una conexión a Internet. Utiliza la capacidad de cualquier Smartphone para convertirse en un punto de acceso Wifi para otro dispositivo cercano y compartir rápidamente cualquier contenido. Algo parecido a lo que podría hacerse con el Bluetooth, pero mucho más rápido y sin costo.
La aplicación, desarrollada por DewMobile Inc, ha sido creada en Pekín, pero la mayor parte de su desarrollo fue en California, con capital de inversores privados norteamericanos. Pensada para países donde la conexión a Internet es escasa, ha tenido gran éxito en el mundo asiático. Según sus fundadores, tiene 480 millones de usuarios en países como China, Myanmar, Pakistán e India.
A través de las redes sociales, los creadores de la aplicación se dirigen a menudo a los millones de musulmanes entre sus usuarios, animando a celebrar fiestas islámicas o a compartir el Corán.
La campaña de mano dura que caracteriza el mandato de Xi Jinping se asienta en la estrategia de “seguridad nacional” con la que se ha reforzado la lucha contra la disidencia, la prensa, las protestas en Hong Kong o se trata de acallar los brotes de separatismo.
a ha ido adquiriendo cada vez mayor conciencia de estos excesos. El último ejemplo ha sido la concesión del premio Sajarov al catedrático de Economía Ilham Tohti, una de las víctimas de esta escalada represiva. La Eurocámara le otorgó el galardón, que reconoce la libertad de conciencia, el pasado mes de octubre.
El Gran Hermano chino
Para el sistema de vigilancia chino, quien difunde este tipo de contenidos en Xinjiang se convierte automáticamente en sospechoso, y “Es necesario ponerlo en los campos”.
No es la primera vez que se relacionan aplicaciones móviles corrientes con la vigilancia de China, pero sí es inédito el rastro de una de ellas en un documento oficial. Uno de los papeles secretos detalla: “El análisis de Zapya ha descubierto que desde julio de 2016 hasta la actualidad, el número de sus usuarios en Xinjiang es de 1.869.100 uigures". Las autoridades deberán encontrar a los “violentos terroristas y extremistas que han utilizado Zapya para difundir audio y vídeo de naturaleza violenta terrorista”.
Entre los usuarios, sigue el documento, el sistema identifica a 3.925 “imanes no autorizados” y 5.576 personas “relacionadas” con estos. Según informes de asociaciones de derechos humanos y testimonios de periodistas, el gobierno ha derribado cientos de mezquitas en toda la región.
El documento con estos detalles lo firma Zhu Hailun, el entonces máximo responsable de seguridad en Xinjiang, y está dirigido a los secretarios del Partido Comunista de China en varias Comisiones de Asuntos Políticos y Legales, organismos responsables de cumplir la legislación a nivel local.
Su contenido es el hilo que une la aplicación móvil y la Plataforma Integrada de Operación Conjunta (IJOP, en sus siglas en inglés), el sistema de vigilancia donde el gobierno chino almacena datos de millones de personas.
El funcionamiento del IJOP y cómo accede a los datos de los usuarios no está detallado en los documentos filtrados. Pero una investigación de Human Rights Watch (HRW) demostró que el sistema agrega datos de los ciudadanos uigures de decenas de fuentes, a menudo sin que ellos lo sepan, y los almacena, permitiendo detectar a cada “sospechoso”.
El trabajo de esta organización se centró en desmenuzar y recrear (proceso que se conoce en inglés como reverse engineering) la aplicación que la policía de Xinjiang utiliza para remitir información al IJOP. Los puntos de control policiales, las cámaras de reconocimiento facial o un software que muchos ciudadanos de Xinjiang han denunciado haber sido obligados a instalar, pero también información recogida de DNI personales, han permitido crear una masiva base de datos utilizada para identificar a cada ciudadano.
Los documentos filtrados completan el trabajo
Con la plataforma de vigilancia del gobierno chino se realiza un control “uno por uno” que permite rastrear y seguir también a uigures refugiados en el extranjero. Detallan con gran precisión que “40.577” de estos usuarios se encuentran ya en varios de los denominados centros de educación y entrenamiento, antes de desglosarlos uno por uno. Para los que están en libertad, las autoridades deberán hacer uso “de las fuerzas de seguridad locales y de IJOP para investigar y verificar los casos uno por uno”. Cuando no sea posible “eliminar la sospecha”, sigue el boletín, “es necesario poner al sospechoso en los campos de entrenamiento intensivo y seguir con el análisis y las revisiones”.
El boletín del 25 de junio confirma, en palabras del propio gobierno, que en el IJOP se almacenan datos y se utilizan para identificar y detener a ciudadanos uigures. “En la semana del 19 al 25 de junio, la Plataforma Integrada de los cuatro estados del sur de Xinjiang ha notificado a los gobiernos locales de 24.412 sospechosos”, reza el documento filtrado. “15.683 ha sido enviados a los campos de educación y entrenamiento”, detalla.
“Si te descargas Zapya, te detienen”
El caso de Zapya es la primera confirmación en un documento oficial del gobierno de lo que ya sospechan varios ciudadanos chinos. En varios sitios web relacionados con el exilio uigur y en artículos en algunos blogs, se recogen testimonios de uigures que han denunciado haber sido espiados una vez instalada esta aplicación.
En un foro de Baidu, el mayor motor de búsqueda chino, un usuario alerta sobre el uso de esta aplicación: "Si te descargas Zapya en tu teléfono, la policía te detiene". La respuesta de otro usuario, en marzo de 2019, respaldada por ocho me gusta, confirma: "Hay personas que se han bajado Zapya y han sido sentenciadas a tres años. Vente a Xinjiang y pregunta a la gente. Es mejor no bajársela, recomiendo no usarla en Xinjiang"
En diciembre de 2018, un empresario uigur residente en Estambul contó al diario francés Le Monde haber tenido que pasar 30 días internado como “sospechoso” acusado de haberse bajado la aplicación Zapya. La empresa creadora de la app, DewMobile, no ha contestado a las preguntas del ICIJ.
El almacenamiento de los datos de una aplicación y de sensores en la IJOP se enmarca en la campaña “Golpea duro contra el terrorismo violento” contra el terrorismo en Xinjiang, iniciada en 2010. En agosto de 2016, la Oficina de Seguridad Pública confirmó la creación del IJOP para agregar datos de diferentes fuentes y seguir a los sospechosos de terrorismo. Pero esta es la primera vez que se conecta directamente con detenciones e internamientos arbitrarios en los campos.
“Se trata de tener una plataforma que te filtra a la gente”, explica Maya Wang, investigadora de Human Rights Watch, organización que ha analizado el IJOP. “Significa pasar a los residentes de Xinjiang a través de un tamiz de tecnología. He visto a agentes de policía autorizar la compra de un vehículo de segunda mano solo tras comprobar la etiqueta puesta al comprador en el IJOP. Se está usando más allá de las encarcelaciones, se ha convertido en un mecanismo de control previo, con la posibilidad de vigilar a cualquier en cualquier lugar”.
No puede hablar con su familia
Uno de los pocos residentes en España de esta etnia relata el acoso del régimen chino que obstaculiza las comunicaciones de la minoría musulmana
"Haz lo que quieras, pero no nos causes problemas aquí". Fue lo único que los padres de Xiuan le pidieron cuando hace dos décadas dejó su pueblo en Xinjiang, para irse a España. Un "problema" es cualquier denuncia, cualquier llamada, cualquier mensaje en las redes sociales. O pedir el permiso a Pekín para ir a casa de visita, un viaje que no hace desde 2016.
Xiuan prefiere que no se publique su nombre real por razones de seguridad, ya que es de la etnia uigur.
"Casi ninguno de mis conocidos aquí sabe que soy uigur: todos piensan que soy de China o de Filipinas" explica a El País en un bar de la ciudad española donde reside. La elección del local donde contará por primera vez su vida en Xinjiang a alguien que no es de su familia pasa por dos tomas falsas: los primeros dos en los que entra los regentan chinos. "Esto sería un poco raro, ¿no?", se disculpa.
Xiuan, cuarto de ocho hermanos, trae consigo dos álbumes de fotos que se abren con una fotografía en blanco y negro de su familia. Es de los años ochenta, cuando crecía en Xinjiang: "Está al lado del segundo desierto más grande del mundo y entonces era una zona pobre. Los chinos han, la etnia mayoritaria de China, eran poquísimos. En mi pueblo iban por las calles en bicicleta a recoger plástico y regalaban un globo a los niños que les daban algún trozo".
Todo el mundo iba a la mezquita los viernes, se estudiaba idioma uigur en el colegio, además de hacer cuatro horas de mandarín. Los chicos como Xiuan salían por la noche a comer pulmones de cordero rellenos u otra comida local en el mercadillo del pueblo. Las fotografías de su álbum familiar muestran a mujeres y hombres uigures bailar en un restaurante: "Esto ya no lo dejan hacer", comenta.
A finales de los años noventa, el gobierno creó enormes incentivos para que miles de chinos han fueran a explotar las reservas naturales de la región. Xinjiang, que literalmente significa "nueva frontera", había acabado bajo el poder del Pekín en 1949 después de siglos de guerras entre varias etnias y desde 1955 era una "región autónoma". Los rasgos, la religión o el idioma de esta población de origen turco no se asemejan en nada a la cultura mandarín. Sinólogos y periodistas han documentado el cambio radical que vivió la zona. Empezando por las nuevas casas al estilo chino que fueron sustituyendo las típicas uigures, con un patio al centro.
Xiuan fue el único de sus hermanos que fue a estudiar a Pekín. "Mi padre tenía una empresa de ingeniería que trabajaba para el estado y siempre había ganado bien. A dos de mis hermanos, que tenían carrera universitaria, les pusieron encima jefes han sin estudios".
En 2009, enfrentamientos callejeros entre chinos han y uigures dejaron 140 muertos y más de 200 heridos en Urumqui, la capital del oeste de la región. Tras la intervención militar, la situación volvió a la calma. El régimen chino vinculó las protestas con el terrorismo y tomó la senda de la lucha contra el terror lanzada desde EE UU tras el 11-S.
Desde entonces, Xiuan empezó a notar el cambio radical en las visitas a su pueblo. Se habían instalado puestos de seguridad ante las mezquitas y solo se dejaba entrar a los mayores de 65 años. Se empezaron a crear colegios solo para chinos, donde los uigures apenas podían utilizar su lengua. "En todas las calles empezó a haber policía. Cada vez que salías tenías que decir adónde ibas, por qué y a qué hora volverías", relata.
No vuelve a Xinjiang desde 2016, un año clave. Es el momento en que Pekín aplaca totalmente las protestas en la zona y justifica que tras los atentados de las décadas anteriores, el gobierno central regional "se vio obligado a actuar, dentro de la ley, tomando una serie de medidas de desradicalización y prevención del terrorismo".
Se crearon entonces unos "centros de educación ideológica y entrenamiento de las aptitudes profesionales" que activistas, periodistas, exiliados, exdetenidos y ahora documentos oficiales desvelados por una investigación internacional han retratado como estructuras carcelarias donde se está encerrando de forma masiva a los ciudadanos uigures.
La última vez que volvió a Xinjiang lo hizo para visitar a su madre enferma. Pekín le exigió un documento del centro sanitario que acreditara el estado de la mujer, ingresada con diálisis, para que pudiera obtener el permiso para volver de visita a casa. En esa ocasión, su hermana, empleada en un hospital público, le contó cómo veía a vecinos que conocía que pasaban por un reconocimiento médico antes de ser llevados por las fuerzas de seguridad. Dos años después, China admitiría la existencia de los centros de internamiento, defendiendo que se utilizan "dentro de la ley".
Desde ese último viaje todo han sido complicaciones, empezando por las comunicaciones con su familia. El último mensaje enviado en el canal de mensajería chino WeChat a su hermano, en noviembre de 2018, aparece sin respuesta en la pantalla de su móvil. Consiguió comunicarse con su familia a través de una persona que vive en España y viaja a menudo a la región, hasta que esta le hizo llegar un mensaje: "Era mejor que dejara de comunicarme con ellos. Les habían dicho que cada vez que les llamaba, la familia recibía una multa. Tienen miedo y no quiero arriesgarme a que les pase algo". Intentó a contactar con un sobrino a través de los comentarios a las fotografías en una red social, pero ya prefiere no hacerlo. No cree que sea seguro.
China usa sus embajadas para extender el acoso a la etnia uigur
A través de su macrosistema de vigilancia, Pekín tiene control directo sobre las personas de su minoría musulmana que residen o quieren residir en otros países
Ablikim Yusuf tuvo miedo. Corría el año 2017 y este ciudadano uigur natural de Hotan (Xinjiang), en el noroeste de China, había logrado regresar a Pakistán y reunirse con su mujer e hijo después de una odisea que le había obligado a pasar un tiempo en un centro de detención. Fue entonces cuando un amigo le quiso presentar a alguien y le llevó a su oficina, en Islamabad, capital de Pakistán. "El que me presentó era paquistaní", relata Ablikim, de 54 años, en conversación con este diario.
"Este hombre me dijo que él se había encargado de entregar a la policía fronteriza china a nueve uigures". Parecía una advertencia. Supo poco después que ese amigo de su amigo los había entregado "por dinero" recibido del "gobierno chino". Buena prueba de que la represión del régimen comunista contra la minoría musulmana uigur traspasa fronteras, apoyada en el macrosistema de almacenamiento de información diseñado por Pekín y el trabajo de su red de embajadas y consulados en el extranjero.
El régimen chino de Xi Jinping, en su campaña de represión a los uigures, trata de vigilar todos sus movimientos en el extranjero.
Al régimen comunista chino, de la etnia han, como la mayoría de la población del gigante asiático, no le gusta que los uigures, alrededor de 11 millones de ciudadanos del noroeste chino, salgan del territorio, ni mucho menos que obtengan documentos válidos para residir en el extranjero. Entre los documentos del ICIJ, un boletín confidencial firmado el 16 de junio de 2017 bajo el título Prevención de retorno y aprobado por Zhu Hailun, exige a las autoridades locales que controlen a los que hayan obtenido o quieran obtener papeles en el extranjero.
Con dos posibles desenlaces si “no se descartan sospechas de terrorismo”: arresto o internamiento en centros de educación y entrenamiento, dos diferentes fases del confinamiento ideológico diseñado por Pekín y retratado en la filtración al ICIJ. La ONU estima en al menos un millón los uigures recluidos en estos campos.
Este boletín no especifica en qué consisten esas sospechas de terrorismo, habituales para casi cualquier ciudadano uigur en el marco de la estrategia de "seguridad" lanzada por el presidente Xi en 2017 frente al separatismo.
Ablikim Yusuf había trabajado en Pakistán desde 2013 en proyectos vinculados a la Nueva Ruta de la Seda china. Cuatro años después, ya en plena escalada de la represión contra los uigures, Ablikim llegó a Shanghái en un viaje de trabajo. "Cuando vieron mi pasaporte", cuenta, "me dijeron que yo era de Xinjiang". Y eso le llevó de Shanghái a Urumqi, capital de Xinjiang y de ahí a permanecer encerrado durante cuatro días en unas instalaciones "totalmente monitoreadas".
Lo siguiente, según supo, sería llevarle a un campo de internamiento, pero negociaciones con su empresa en Pakistán le permitieron regresar a Islamabad.
Después llegó aquel encuentro con el amigo de su amigo y el miedo. El pasado 31 de julio cogió un vuelo hacia Bosnia-Herzegovina, un destino para el que no necesitaba visado. Pero en su escala en Qatar, las cosas se torcieron, el gran hermano chino le localizó y pidió su deportación. Solo una campaña iniciada por él mismo en la Red desde el aeropuerto de Doha permitió la intervención de Estados Unidos que frenó la expulsión y maniobró para que hoy viva en Washington. "Si hubiera sido repatriado, hoy estaría vivo. O quizá muerto", dice Ablikim.
Abandono ilegal
Muchos ciudadanos uigures optan por abandonar de forma ilegal el país. Decenas de uigures fueron detenidos en Tailandia en marzo de 2014. Habían entrado sin papeles. Algo más de un año después, el gobierno tailandés accedió a la petición de Pekín y envió a un centenar de vuelta a China.
Otros 11 que lograron escapar en noviembre de 2017 y llegar a Malasia, fueron puestos en libertad pese a las presiones de Pekín sobre su deportación. También en 2017, en el mes de julio, las fuerzas de seguridad de Egipto, un importante aliado de China en el norte de África, llevaron a cabo una serie de redadas en las que decenas de uigures fueron apresados. Según los testimonios de los que fueron finalmente liberados, agentes chinos procedieron a su interrogatorio en El Cairo. Una docena de los detenidos fueron deportados a Pekín.
Los archivos documentan también condenas sin pruebas y caza a los exiliados a través de su red de embajadas. Esta represión, sistemática, organizada y masiva se sirve de una plataforma digital que agrega innumerables datos a partir de técnicas que van desde el uso de aplicaciones móviles hasta el reconocimiento facial a través de cámaras. Actúa como un sistema de sistemas de vigilancia y seguimiento para identificar a “sospechosos”.
El gobierno de Pekín niega la represión. Asegura que las protestas separatistas en Xinjiang —hoy fuertemente contenidas— han convertido a la región en “un campo de batalla clave contra el terrorismo y el extremismo religioso”.
Entre los archivos obtenidos por el ICIJ, datados en 2017, año en el que el régimen de Xi Jinping recrudeció su ofensiva contra los uigures, destaca un telegrama confidencial firmado por Zhu Hailun, dirigido a todas las prefecturas locales, da indicaciones directas sobre cómo gestionar estos centros que denominan de "educación ideológica" y "entrenamiento". Detalles como el doble cierre de las puertas de los dormitorios de los llamados “estudiantes” o la existencia de un sistema de videovigilancia sin ángulos muertos ilustran bien la severidad de los protocolos. Los internos permanecen en el centro hasta alcanzar las puntuaciones requeridas en los frecuentes exámenes y completar su “desradicalización”, en la jerga oficial.
Zhu Hailun, el firmante de los documentos, es un hombre clave del partido en Xinjiang. Los expertos lo consideran ejecutor de las directrices de Chen Quanguo, secretario del PCC y máximo dirigente político en la región. Chen se hizo con las riendas de la región en agosto de 2016, tras la campaña de represión lanzada precisamente contra los separatistas en Tíbet (su labor ha sido recompensada con un sitio en el Politburó del partido).
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(Con información de El País)
