El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) se niega a publicar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación alcanzado con el Gobierno de Raúl Castro hasta que sea aprobado por la Comisión Europea.
Esa fue la respuesta del SEAE a una gestión de la oficina del Defensor del Pueblo (Ombudsman) de la UE sobre la divulgación del contenido del pacto.
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"El SEAE transmitirá inmediatamente el documento solicitado en la reclamación una vez que haya sido adoptado por la Comisión, lo que es esperado antes de finales de septiembre de 2016″, escribió Rafael Daerr, enlace del SEAE para asuntos del Ombudsman Europeo, en un mensaje al que DIARIO DE CUBA tuvo acceso.
La gestión de la Defensoría del Pueblo de la UE siguió a una queja de la organización Civil Rights Defenders (CRD) por la negativa de la UE a publicar el documento.
En abril, el jefe de la División de Asuntos Parlamentarios del SEAE, Gabriele Visentin, escribió al director del Programa América Latina de CRD, Erik Jennische, que la divulgación del contenido del acuerdo "podría minar el proceso" con La Habana y "perjudicar las relaciones entre la UE y Cuba".
Tras conocer la respuesta de la SEAE a la Defensoría del Pueblo, Jennische consideró que esta "demuestra exactamente por qué es importante que el documento (…) sea publicado antes de su adopción por la Comisión".
Los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea declaran que "las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos", y que las "entidades deberán, por los medios adecuados, dar a los ciudadanos y a las asociaciones que los representan la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de acción de la Unión", recordó Jennische en una carta al Ombudsman recibida en la redacción de DIARIO DE CUBA.
Añadió que en la página de transparencia de la UE, la Comisión declara que los ciudadanos tienen derecho a acceder a los documentos que se preparan para poder adoptar acciones legales.
"No difundir el documento que fue públicamente firmado" en La Habana en marzo de 2016, "claramente restringe nuestro derecho de acceso a la información, garantizado por el Tratado de la Unión Europea y su política de transparencia, y limita nuestra posibilidad de ‘intercambiar públicamente’ nuestros puntos de vista sobre el futuro acuerdo", dijo Jennische.
"El hecho de que el documento haya sido firmado lo convierte en un documento público, no en un borrador", señaló.
Con información de Diario de Cuba
