El diputado opositor venezolano Romny Flores entregó un documento en la sede de la ONU en Caracas en el que le solicita abrir una investigación sobre el incendio en una comisaría en Valencia, capital del céntrico estado Carabobo, en el que fallecieron 66 detenidos y dos mujeres que estaban de visita. EFE
"Estamos en la sede de la ONU en Caracas en función de entregar un documento exigiendo una investigación para agotar las vías nacionales y también exhortar a los organismos internacionales a sumarse a toda esta investigación sobre los hechos acaecidos en Valencia", en marzo pasado, sostuvo Flores a las puertas de la sede de la ONU en Venezuela.
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El integrante del partido Acción Democrática (AD) sostuvo que en el suceso "se presume violación de derechos humanos" por lo que, añadió, "estamos agotando todas las vías de los organismos (…) en función de que hagan la investigación", sobre una de los peores tragedias de este tipo en el país en los últimos 25 años.
Señaló que desde que ocurrió el incendio en el que fallecieron, según fuentes oficiales, 66 detenidos y dos mujeres que estaban de visita, han pedido a los familiares de las víctimas "activarse" para denunciar el hecho y evitar la impunidad.
"Se exige que el Gobierno cumpla con su deber, abra una verdadera investigación que permita conocer cuáles fueron las causas que ocurrieron allí, los motivos de esta lamentable tragedia", sostuvo el directivo del Colegio de Médicos del estado de Carabobo, Rubén Limas.
Según el ilegitimo fiscal general Tarek Saab el incendio en los calabozos de este edificio policial se debió a una requisa y achacó al retardo procesal el hacinamiento en el que se encontraban los reclusos en la prisión de este centro.
Saab dijo entonces en una entrevista que en la actualidad "hay más de 25.000 privados de libertad en estaciones de Policía", de los que 3.000 "ya están condenados" y "no deberían estar ahí" sino ya en una cárcel.
Para la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, hay 32.600 detenidos en un espacio para unos 8.500.
El 31 de marzo, Saab informó de la detención de cinco funcionarios policiales de esta comisaría como responsables de los hechos y la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia indicó que dos de ellos fueron imputados por "homicidio calificado a título de dolo eventual".
