Venezuela agobiada por la crisis más severa de la historia reciente, la dirige un hombre que pretende, a como de lugar, perpetuarse en la silla presidencial. A través de su Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el parlamento plenipotenciario inventado en 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro para reemplazar por la fuerza a la verdadera Asamblea Nacional —de mayoría opositora—, dio la orden el 23 de enero: las elecciones presidenciales deben realizarse antes del 30 de abril. Como la convocatoria oficial la tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral (CNE), que aún no se expidió, todavía no se sabe cuál será la fecha definitiva. Infobae.com
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La oposición tendrá menos de tres meses para organizar una estructura que le permita hacer frente a la maquinaria oficial. Este escollo es crucial. Las controvertidas elecciones de gobernadores del 15 de octubre pasado dejaron en evidencia que, en aquellas mesas en las que no hubo fiscales opositores, el chavismo hizo lo que quiso con los votos. Esa es una de las muchas razones del fraudulento triunfo de Maduro en 18 de los 23 estados, a pesar de que el país atraviesa la peor crisis económica y social de su historia, y de que sólo lo apoya una minoría cada vez más reducida.
“Hicimos una revisión de todas las elecciones presidenciales que hay este año en América Latina. El país que anuncia la fecha con menor anticipación lo hace en siete meses. Menos de tres meses es imposible en términos logísticos y políticos. La oposición no se puede acomodar. Además, hay más de un millón de jóvenes que no están en los registros electorales, porque en su mayoría son opositores. Y se calcula que hay unos 2 millones de votos de venezolanos en el exterior, pero sólo están registrados 115.000?, afirmó el sociólogo Ignacio Ávalos, integrante del Observatorio Electoral Venezolano, consultado por Infobae.
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Es muy difícil competir cuando el árbitro electoral, que es el CNE, actúa como un agente del partido de gobierno. La desventaja se agiganta cuando el árbitro máximo, el Tribunal Supremo de Justicia, también se comporta como abogado defensor del oficialismo. Con esas armas a su favor, el chavismo pudo vetar en muchos estados a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la alianza opositora que lo había derrotado en los comicios parlamentarios de diciembre de 2015. Lo mismo hizo con algunos de sus candidatos más fuertes, como Henrique Capriles, que no pudo presentarse a una reelección en Miranda. Para que las trampas permanecieran ocultas, prohibió la participación de todas las entidades internacionales que se ofrecieron a auditar las elecciones. Así ganó.
La experiencia de 2017 fue tan escandalosa que el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA en inglés), junto con el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, emitieron un durísimo comunicado rechazando el llamado de la ANC a las presidenciales. Allí repasaron algunas de las irregularidades detectadas el año pasado, como “la manipulación del cronograma de actividades de la elección, migración masiva de votantes a pocas horas de la elección, eliminación de la tinta indeleble como mecanismo para evitar el sufragio múltiple y la manipulación del actas de votación”. Su conclusión fue lapidaria: “Una convocatoria que mantenga las condiciones actuales podría considerarse como no competitiva”.
Los adversarios del régimen tienen la certeza de que cualquier posibilidad de triunfo es utópica sin un cambio profundo en el sistema de votación. En un intento por revertir algunas de estas arbitrariedades, un sector de la MUD mantiene en República Dominicana un diálogo con el gobierno desde el 1 de diciembre pasado. Este martes se completó la quinta ronda de negociaciones sin haber llegado a ningún acuerdo concreto. Las conversaciones podrían seguir en las próximas semanas, pero los antecedentes de todos los intentos similares que se hicieron en los últimos años no permiten ilusionarse. Hasta ahora, el chavismo no dio jamás un paso atrás en su deglución del aparato estatal. Todos fueron hacia adelante.
Hacia un régimen de partido único
“El Gobierno busca legitimarse a toda costa con unas elecciones que sean a su medida. Aquí no hay ninguna duda de que en una elección limpia y competitiva, con transparencia, pierde. Eso lo revelan las encuestas. El tema es que el Gobierno no está dispuesto a hacer elecciones en las que pueda perder”, dijo a Infobae Domingo Alberto Sifontes, profesor de historia en la Universidad de Carabobo.
La derrota de 2015 le dejó una lección muy clara al chavismo: ya no está en condiciones de vencer a una oposición unificada en una competencia mínimamente equilibrada. Por eso, uno de sus objetivos es dividir a las fuerzas opositoras. Como ya lo había hecho en 2017, el eficiente TSJ anunció la semana pasada que la MUD como tal no podría participar. El argumento es que no se puede militar en un partido y en una coalición de partidos al mismo tiempo. Increíble.
Eso dificulta enormemente que las fuerzas políticas que conforman la alianza coincidan en una candidatura unificada. Para sumar otro obstáculo, el CNE dictaminó que todos los partidos tenían que revalidarse juntando firmas del 0,5% del padrón en al menos 12 estados. Voluntad Popular (VP), de Leopoldo López, se rehúsa a pasar por ese proceso arbitrario, así que quedó excluido. Primero Justicia (PJ), del inhabilitado Capriles, decidió participar de la revalidación, pero el CNE dijo que no reunió la cantidad de firmas suficiente. Este viernes por la noche, cuando se preparaba para hacer un segundo intento de recabar las adhesiones necesarias, la agrupación confirmó que el Consejo se lo prohibió, dejándola definitivamente afuera de la carrera electoral.
Curiosamente, el único de los pilares de la MUD que pasó la prueba fue Acción Democrática (AD), el partido al que pertenecían los cuatro candidatos opositores que ganaron en sus estados en 2017 y que aceptaron jurar ante la ANC. Juan Pablo Guanipa, de PJ, también venció en su distrito, Zulia, pero rechazó reconocer a la Asamblea. La ratificación del veto a PJ no deja lugar a dudas: la intención del gobierno es dividir a sus adversarios, admitiendo a los más dóciles y excluyendo a los duros.
“Hay partidos mucho más amigables, con los cuales el gobierno podría llegar a un acuerdo —dijo Ávalos—. Ayuda que la oposición no termina de entender en qué cancha está jugando. Sin unidad no hay juego. Y el Gobierno intenta que eso no se produzca. En los procesos electorales anteriores tuvo éxito, porque unos admitieron a la ANC y otros no. Si AD es el único que va a las elecciones, le haría un favor inmenso”.
“En 2017 fueron cuatro meses y medio de calle, calle y calle. Es lo máximo a lo que se podía llegar, pero al final el Gobierno logró sortear el obstáculo y sigue conservando el poder. El tema es muy complicado. Si dices ‘vamos a elecciones’, hay gente descontenta porque no se pueden ganar por fraudulentas. Pero si dices ‘vamos a la calle’, resulta que quien manda a protestar no pone los muertos. Mataron a más de 100 personas el año pasado y el Gobierno sigue ahí. ¿Cuánto más puedes activar la calle? La gente puede estar peor, pero también tiene mucho más miedo. ¿Qué queda entonces? No es fácil decirlo, pero estamos casi que a la deriva”, concluyó Sifontes.
