Los estudiantes se declararon en rebelión ciudadana, luego que la oposición convocara a manifestar en Caracas y en todas las ciudades de Venezuela como respaldo al proceso de destitución de los siete magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.
El proceso de remoción se inició el 5 de abril en la legítima Asamblea Nacional (AN) en respuesta a las setencias 155 y 156 emitidas desde el Poder Judicial en contra de la autonomía parlamentaria. Desde ahí se inició todo.
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Foto: AFP / Juan Barreto
Así, dos generaciones estudiantiles (2007 y 2017) unieron fuerzas para luchar en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
Pero el saldo no fue nada favorecedor: aproximadamente 21 estudiantes murieron en las protestas registradas a finales del mes de marzo de este año, mientras que 339 universitarios resultaron detenidos durante el período comprendido entre abril y julio, muchos de ellos presentados ante la justicia militar, en la que se les dictó medidas preventivas de libertad.
La información quedó plasmada en el informe final de Aula Abierta Venezuela, del Observatorio de Derechos Universitarios.
El documento reseña que las 92 manifestaciones convocadas por el gremio universitario fueron reprimidas por militares, lo cual originó un total de 21 irrupciones a diferentes casas de estudios.
En cuanto a la participación de académicos, 17 profesores fueron detenidos, 8 de los cuales fueron presentados ante la justicia militar, 6 ante la justicia ordinaria y 3 liberados desde los centros de detención de los cuerpos de seguridad.
Contra la autonomía
“En 2010 se tomaron 43 decisiones contra la libertad académica y el derecho a una educación de calidad”, sostuvo David Gómez Gamboa, director Aula Abierta Venezuela
Ese mismo año, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó suspender los comicios en más de 9 universidades y en el año 2015 la Sala decidió que todas las universidades públicas debían acatar las asignaciones de cupos por parte de la Oficina de Planificación del Sector universitario. “Las universidades no podían ingresar estudiantes que aprobaron los procesos de admisión”, dijo Gamboa.
El investigador aseguró que en 2017, los juzgados con competencia en lo contencioso administrativo en el estado Mérida y el Distrito Capital ordenaron a estas universidades suspender los concursos de oposición para profesores.
“En 2018 desarrollaremos con más fuerza la conquista de la autonomía y el rescate de los derechos universitarios a lo largo y ancho del continente americano”, afirmó Gamboa.
