Un fiscal argentino citó a declarar como testigo, para el próximo 3 de mayo, a la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), en el marco de una denuncia por la que se investiga al actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por el pago de contratos de futuros del dólar.
Según confirmaron a Efe fuentes judiciales, el fiscal Jorge Di Lello convocó a la exmandataria tras haber tomado testimonio este martes al exministro de Economía kirchnerista Axel Kicillof.
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Fernández también estaba inicialmente llamada para declarar hoy pero pidió suspender la cita.
Esta causa, que está a cargo del magistrado Sergio Torres, se inició a raíz de una denuncia presentada por legisladores kirchneristas.
La demanda tiene como principal foco a Sturzenegger y al juez Claudio Bonadio, quien avaló el pago de las operaciones el dólar futuro tras consulta del Banco Central, pese a que a su vez los estaba investigando en otra causa por presuntas irregularidades.
Los contratos se habían cerrado durante la etapa final del mandato de Fernández y acarrearon que Bonadio dictara, en 2016, tanto el procesamiento de la expresidenta como el de Kicillof y otros altos cargos kirchneristas, por presunto perjuicio económico al Estado.
En concreto, esa primera causa -recientemente elevada a juicio oral- atañe a que el Banco Central pactó vender la divisa estadounidense a 10,65 pesos por unidad, un precio por debajo del establecido en la Bolsa de Nueva York para este tipo de operaciones, que por aquel momento se encontraban en torno a los 14 pesos.
Para el juez Bonadio, esta política ocasionó unas pérdidas a la entidad bancaria entre septiembre de 2015 y junio de 2016 de unos 54.900 millones de pesos (3.400 millones de dólares al cambio actual).
En medio de ese proceso de investigación, legisladores kirchneristas denunciaron tanto al juez y como al actual responsable del Banco Central, nombrado tras la asunción presidencial de Mauricio Macri a finales de 2015, por haber mantenido el pago de las operaciones.
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Los denunciantes argumentaron que, si estas estaban bajo sospechas de irregularidad, se podrían haber paralizado judicialmente, en lugar de efectivizarlas y profundizar así el presunto daño al Estado por el que irán a juicio Fernández y los principales miembros de su último equipo económico.
EFE
