En 2010, el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Germán Vargas Lleras, para esa época ministro del Interior, promovieron la creación del Estatuto Anticorrupción, que estableció una serie de disposiciones para ajustar el funcionamiento del Estado a todo tipo de prácticas que permitieran combatir la corrupción con acciones verdaderamente contundentes.
Aunque desde el principio se trazó como objetivo blindar la administración pública de todos los fenómenos que pudieran afectar su funcionamiento, hay un tema en el que la iniciativa se quedó corta: la contratación con el Estado que se pueda dar con familiares de los altos funcionarios.
Aunque suene insólito, en Colombia no hay límites para los ministros frente a una posible injerencia, intervención, participación o cualquiera influencia sobre la contratación o las actividades desarrolladas por sus familiares con el Estado. Y al respecto, el opositor Centro Democrático (CD )inició una cruzada para acabar de tajo con este tipo de movidas que, en su concepto, pueden representar una alteración del buen funcionamiento en la contratación de la Rama Ejecutiva.
Incluso la propuesta va más allá, al establecer también inhabilidades para quienes tienen contratos con el Estado y van a acceder a un cargo público. Buscando evitar cualquier posibilidad de una puerta giratoria, Mejía incluyó un artículo para que quien sea socio de una empresa con contratos con el Estado, tenga la obligación de vender las acciones en esa compañía y sólo seis meses después de dicha operación pueda acceder a un ministerio.
Claramente, esta iniciativa es una respuesta a los recientes escándalos registrados por los contratos con el Estado de familiares de algunos integrantes del gabinete ministerial. Por ejemplo, el exministro de Minas y Energía Tomás González es investigado por la Procuraduría por su presunta intervención en los cuatro contratos que suscribió la compañía Connecta entre 2012 y 2015 con el Fondo para la Paz y el Ministerio de Educación.
Esa empresa fue creada en 2009 por González, entonces un particular, su esposa Ángela Baena Giraldo, su cuñada Liliana Baena y María Josefina Sierra Baena. Aunque fue nombrado viceministro en 2010, sólo renunció a las acciones en febrero de 2011.
Otro ejemplo es el caso del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. El hermano del funcionario, Jorge Hernán Cárdenas, tiene contratos con el Sena, Computadores para Educar y la Policía Nacional por más de $12.000 millones, a través de la compañía Oportunidades Estratégicas. Aunque el propio empresario ha señalado que su trabajo y contratación distan de la rama que lidera su hermano, las críticas han sido permanentes.
Desde varias organizaciones que reclaman constantemente transparencia en la gestión pública ya hay quienes consideran que este proyecto es a todas luces conveniente para blindar el funcionamiento del Estado en la contratación. Alejandra Barrios, directora de la MOE, dijo que al menos en los casos de la esposa, los hijos, los hermanos y los padres de los ministros, vale la pena abrir el debate.
“La mayor insatisfacción de los ciudadanos se da cuando empiezan a darse cuenta de los mecanismos de contratación millonaria a través de empresas familiares de los altos funcionarios. La cercanía al poder genera facilidad en el acceso a la información y por más que digan, por ejemplo, que un ministerio no tiene que ver con otro, resulta obvio que un funcionario le pida a otro que reciba en su despacho a su familiar”, recalcó.
Sin embargo, dentro del mismo Congreso hay quienes consideran que no es necesario abrir caminos a nuevos prohibicionismos por la vía legislativa. El senador conservador Hernán Andrade aseguró que este proyecto no consigue eliminar la corrupción, porque este es un tema cultural, donde deben empezar a primar los valores y principios. “Lo primero debería ser que las autoridades funcionen para ejercer control. El día que el aparato estatal funcione verdaderamente en Procuraduría, Fiscalía y Contraloría lucharemos frontalmente y se deja claro el mensaje”, sostuvo.
Algo similar consideró el senador liberal Juan Manuel Galán, quien señaló que más que establecer prohibiciones, lo que se debe construir es una cultura del sentido ético que deben tener los funcionarios para no utilizar indebidamente el tiempo en un cargo estatal. “El servicio público y los negocios tienen que tener claras unas fronteras éticas que no se pueden traspasar, pero no se trata de crear nuevas leyes que no resuelven en nada los malos hábitos”, explicó.
El debate queda abierto por la imperiosa necesidad de establecer inhabilidades e incompatibilidades a la hora de la contratación estatal con los familiares de los ministros. Porque aunque hay quienes consideran que esta iniciativa tiene un tufo de retaliación del uribismo contra el gobierno Santos, y no faltará quién recuerde que en los dos mandatos de Álvaro Uribe también ocurría lo mismo.
Con información de El Espectador
