Una comisión del Senado de Estados Unidos suspendió parte de la ayuda económica de su gobierno a México hasta que la justicia del país vecino resuelva dos de los casos más relevantes en los últimos años en materia de derechos humanos.
Rafael Rodríguez / El Político
El Comité de Apropiaciones del Senado condiciona 25% de la ayuda a las Fuerzas Armadas mexicanas al desarrollo de las investigaciones de los sucesos de Tlatlaya e Iguala. En el primer caso, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento con soldados en junio de 2014, mientras que en el segundo, el comité ha insistido al gobierno que coopere con la CIDH para investigar la desaparición de 43 estudiantes en el estado de guerrero, en septiembre de 2014.
“Es simbólico, un toque de atención al Gobierno de México y un aviso de que los militares no están para patrullar las calles”, dijo Maureen Meyer, asociada de la ONG Wola en Washington.
En 2015, el Departamento de Estado también recortó 15% las ayudas de la Iniciativa Mérida por el mismo motivo. El "castigó" significó cinco millones de dólares de los más de 2.000 que ha invertido el gobierno estadounidense desde 2008.
El comité del Senado pide en un informe que el Secretario de Estado determine si “México investiga y procesa creíblemente las violaciones a los derechos humanos, incluido los asesinatos de Tlatlaya de junio de 2014, de acuerdo a la ley; si refuerza con vigor la prohibición de la tortura y la obtención de testimonios mediante tortura y si busca a las víctimas de desaparición forzada e investiga y procesa a los responsables de estos crímenes”. El comité dedica el último párrafo a la desaparición de los normalistas: “El comité espera que el Gobierno mexicano coopere plenamente con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la investigación”.
Con información de El País
