Más de la mitad de los profesores de Brasil ha presenciado algún tipo de agresión verbal o física cometida por alumnos de entre 11 y 14 años contra alguno de sus colegas y miles de maestros han visto a los estudiantes llevar armas de fuego a clase.
Este es el panorama que dibuja la encuesta Prova Brasil 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas Educativas (Inep) del Ministerio de Educación y aplicada a directores, alumnos y profesores de todo el país.
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"Las agresiones contra profesores han aumento mucho en los últimos tiempos", dice a Efe la secretaria general de la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Educación, Fátima Silva, profesora además de la red pública del estado de Mato Grosso do Sul.
En total, 132.244 profesores, más de la mitad de los encuestados, admitieron haber sido testigos de episodios violentos contra sus compañeros por parte de los mismos estudiantes, porcentaje que se eleva hasta el 71 % cuando se les preguntó por la existencia de agresiones físicas o verbales entre los propios alumnos.
"La cuestión de la violencia no es algo específico de las escuelas. La escuela es el reflejo de lo que pasa en la sociedad", expone Silva.
Entre los factores externos que explican este comportamiento la profesora aprecia una crisis de "autoridad" en el seno de la convivencia familiar y sobre todo, la determinación del contexto social en el que está inmerso cada colegio.
Solo así se puede llegar a explicar que el 12 % de los maestros reconozca que algunos de sus alumnos acuden al aula bajo el efecto de las drogas o que 2.365 hayan visto a estudiantes acudir al colegio, de manera frecuente, con armas de fuego.
"El número es un disparate. Aunque el porcentaje es bajo (1 %), ningún alumno debería portar armas de fuego en la escuela", afirma a Efe el economista Ernesto Martín Faria, investigador de la Fundación Lemann, que analizó el sondeo para el portal QEdu, plataforma que desmenuza los datos oficiales.
La cifra se eleva hasta el 5 % en los casos en que los docentes percibieron que varios de sus alumnos acuden al centro educativo portando algún tipo de arma blanca.
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Martín Faria coincide en señalar el contexto como un fiel indicador que se traslada de manera directa a las clases: "Hay escuelas con gran vulnerabilidad en varias regiones del país donde operan facciones criminales fuertes".
El círculo vicioso empieza con barrios con gran vulnerabilidad, pocas políticas públicas y altos índices de violencia, donde los hijos de familias de bajos recursos acuden, en el mejor de los casos, a escuelas precarias que les dan una formación insuficiente para incorporarse al mercado laboral en igualdad de condiciones que el resto.
"Los números demuestran una gran desigualdad en el país", asevera Martín Faria, quien apuesta por "políticas de incentivo con más recursos y mejores profesores".
Según el sondeo, el 41 % de los profesores gana entre 1.000 y 2.000 reales brutos al mes (unos 320 y 640 dólares, respectivamente).
Las regiones olvidadas en el plano educativo son las mismas que se repiten en otros índices de desarrollo: norte, noreste y periferia de grandes ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo.
"Las escuela tienen muchas dificultades para huir, aislarse del contexto de violencia en el que viven", comenta el analista.
Trabajadores del colegio Etelvina de Góes Marcucci, en Paraisópolis, la segunda mayor favela de Sao Paulo, admitieron a Efe que la violencia en las aulas "es una cuestión delicada", pero que más que eso, el problema más acuciante, en su caso, son las drogas y la facilidad que tiene el alumno para acceder a ellas.
La profesora Silva denuncia que este clima está sirviendo de excusa de algunos sectores para resucitar el debate sobre la edad mínima penal, establecida en el artículo 288 de la Constitución brasileña en los 18 años de edad.
"Muchos utilizan esto para intentar remediar el asunto diciendo que lo que hay que hacer es incorporar a los adolescentes problemáticos al sistema penitenciario (…) Eso es lo contrario de lo que hay que hacer", aprecia.
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La paradoja se cierra justo un artículo antes en la Constitución, donde se señala que "es deber de la familia, la sociedad y el Estado asegurar al niño, al adolescente y al joven, con absoluta prioridad, el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y a la educación", entre otros recogidos en ese fragmento de la norma suprema brasileña.
EFE
