La ministra peruana de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, defendió en una comisión parlamentaria que la investigación del caso Odebrecht en Perú será más ágil gracias a un decreto aprobado recientemente que regula y facilita a imputados acogerse a la colaboración eficaz.
Pérez Tello explicó en la comisión parlamentaria que investiga los presuntos sobornos de la constructora brasileña a funcionarios peruanos, que el decreto legislativo 1301 fue aprobado en diciembre de 2016 y entrará en vigor en los próximos días.
Perú recobrará USD 15 millones que Montesinos “escondió” en Europa
El documento establece el proceso a seguir por parte de los investigados que deciden asumir su culpabilidad y colaborar con las autoridades peruanas para acusar a otras personas que hayan participado con estos en la comisión del mismo delito, a cambio de una reducción de la futura condena que recibirán.
"Fortalece la reserva de identidad, mejora la capacidad de negociación del fiscal en el marco del proceso judicial, y brinda la posibilidad de acogerse a los cabecillas de las organizaciones criminales, siempre y cuando su aporte permita identificar a miembros de mayor jerarquía", precisó Pérez Tello.
Los delitos comprendidos en el decreto para acogerse a la colaboración eficaz son asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, contra la humanidad, trata de personas, sicariato, criminalidad organizada, corrupción de funcionarios, peculado, y los delitos contra la fe pública y similares.
Embargarán bienes a exfuncionarios de metro investigados por caso Odebrecht
La ministra también explicó a los congresistas la aplicación del decreto de urgencia 003, aprobado recientemente por el Gobierno para prohibir que empresas condenadas o que ya hayan aceptado delitos de corrupción puedan hacer transferencias monetarias al exterior, con el fin de garantizar la indemnización para el Estado.
Agregó que el decreto cautela los intereses del Estado y explicó que la Procuraduría señalará los montos a retener en un fideicomiso para garantizar el pago de la reparación civil.
Las investigaciones se centran de momento en los 29 millones de dólares en sobornos que Odebrecht admitió a la Justicia estadounidense haber pagado a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014.
Ese período contempla los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Hasta ahora la mayor figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht es Toledo, con una orden de captura internacional por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos a cambio de favorecer a la empresa brasileña en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur.
Los únicos detenidos hasta el momento son por la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, adjudicada en 2009, durante el segundo gobierno de García.
El exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata, también aseguró que la compañía financió con tres millones de dólares la campaña electoral de Humala, aunque ese extremo fue negado por el expresidente y no constituye delito si no se demuestra que a cambio obtuvo las licitaciones de obras públicas.
EFE
