Sobre la base de información disponible en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia, la Organización no Gubernamental Un Estado de Derecho precisó que en Venezuela existen 3.166 jueces, de los cuales 2.486 ejercen sus cargos sin estabilidad laboral; es decir, fueron designados a dedo, pueden ser removidos discrecionalmente y, por tanto, son vulnerables a presiones extrajudiciales.
El informe titulado Propuesta de Investigación Parlamentaria para la Asamblea Nacional sobre la Independencia y Eficiencia del Poder Judicial incluye un diagnóstico actualizado.
Los datos contenidos en el documento publicado en octubre de este año indican que la precariedad del sistema de administración de justicia ha aumentado. En noviembre de 2014, ante el Comité contra la Tortura de la ONU, el magistrado del TSJ Luis Damiani admitió que 62%, de un total de 1.700 jueces, eran provisorios. En junio de 2015, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas manifestó su preocupación porque “solo 34% de los jueces son titulares, lo que significa que el resto se encuentra en situación de provisionalidad y que tanto sus nombramientos como remociones pueden realizarse de manera discrecional”. El registro de Un Estado de Derecho indica que apenas 22% (680) jueces venezolanos son titulares de sus cargos.
Irregularidades. La ONG contabilizó 2.154 tribunales en todo el país. Entre los hallazgos más llamativos de la investigación realizada por Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez, Giuseppe Graterol y Mayerlin Matheus está que el TSJ registra 385 jueces al frente de más de un tribunal, sin mayores explicaciones. Acerca de 92 juzgados no hay información disponible. Y 59 tribunales simplemente no aparecen. “Por ejemplo: en algún circuito se puede ver un tribunal ‘primero’ y un tribunal ‘tercero’ sin que haya mención alguna del tribunal segundo”, se indica en el informe.
Herrera, secretario ejecutivo de Un Estado de Derecho, recordó que la Comisión Judicial del TSJ ha sido el mecanismo utilizado para burlar las disposiciones de la Constitución sobre los concursos de oposición establecidos para el ingreso y ascenso en la carrera judicial, como una garantía de transparencia, idoneidad e independencia de los principales operadores judiciales.
“La Comisión Judicial, en sí misma, elimina el modelo de gobierno judicial que establece la Constitución y en su lugar, y contra todo el orden jurídico venezolano, impone un modelo aún peor que el politizado del Consejo de la Judicatura. Se trata de una comisión dentro del Tribunal Supremo de Justicia, integrada por ‘algunos’ magistrados autoelegidos, sin ninguna transparencia y participación ciudadana, que actúan como los patronos y superiores de todos los demás jueces venezolanos”, señala el informe.
Herrera precisa que, adicionalmente, la Comisión Judicial inventó un período de prueba de seis meses y condiciones de evaluación que son “genéricas, ambiguas y no brindan ni certeza ni condiciones de independencia a los designados, que quedan así sometidos a la voluntad de los altos jueces del Tribunal Supremo”, se insiste en el documento.
Según las reglas impuestas por el TSJ, la participación ciudadana en la elección de jueces se limita a los consejos comunales, que Herrera considera una fuente adicional de politización.
¿Formación? Un segundo informe elaborado por la misma ONG se refiere a la necesidad de adecuar los programas de formación de los operadores judiciales a los estándares internacionales de independencia judicial.
La instrucción de los jueces está a cargo de la Escuela Nacional de la Magistratura, y en el informe se afirma que todas sus actividades están sujetas “a la difusión coactiva de la ideología socialista del partido de gobierno, por lo que no hay perspectivas diversas ni pluralismo en los diferentes planes de estudio”.
Herrera destaca dos grandes fallas que inciden en el progresivo deterioro del Poder Judicial. Inicialmente, la ausencia de garantías de independencia para el ingreso a la carrera judicial y, en segundo lugar, la pretensión de convertir a los jueces en cuadros políticos.
“La formación no solo es de baja calidad y reducida en su contenido y alcance, sino que también está sometida a la partidización y politización del Poder Judicial, en particular, al tener en los últimos tiempos como base fundamental los contenidos del pénsum de estudios de Derecho de la Universidad Bolivariana y del Plan Estratégico del Poder Judicial venezolano 2013-2019, que es una suerte de Plan de la Patria Judicial”, concluye Un Estado de Derecho.
Con información de El Nacional
