La frase se repite tanto en localidades del interior del país que hace dudar: "Es difícil conseguir quien quiera estar en blanco porque pierde el subsidio por invalidez". Los números oficiales revelan que en la Argentina se pagan 1.037.931 pensiones no contributivas por invalidez, el equivalente al 2,58% de la población. Pero cuando el foco se posa sobre la Población Económicamente Activa (PEA), el número salta al 6,9%, según datos del Ministerio de Desarrollo Social.
Ese porcentaje, sin embargo, se dispara sustancialmente en provincias del norte, en las que también se registran elevados índices de pobreza. Santiago del Estero encabeza el ranking donde estas pensiones tienen mayor incidencia: la percibe el 35% de la población en condiciones de trabajar. Le sigue Formosa, donde el 31,96 % de los habitantes activos cobra el subsidio. Y en Chaco, ese porcentaje llega al 30,7%.
Los especialistas consultados por LA NACION coincidieron en que creció el número de esas pensiones en los últimos años y que esto responde a un esquema de clientelismo político. "Estos subsidios se usaron como asistencialismo político", dijo Jorge Colina, del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
En Misiones, el 6,48% de la población global cobra una pensión no contributiva por invalidez (22,3% de la PEA); el 4,65% de los riojanos recibe el beneficio (13,6% de la PEA) y el 4,27% de los tucumanos (12,3% de la PEA).
Según los datos oficiales actualizados entregados a LA NACION por el Ministerio de Desarrollo Social -organismo ante el que se tramitan las pensiones-, el 4,1% de los habitantes de Salta recibe una (11,8% de la PEA) y el 3,17% de los jujeños (9,55% de la PEA).
LEA TAMBIÉN: Macri: Datos de pobreza son duros pero no es nuevo
Para obtener la pensión, la persona debe presentar un grado de discapacidad que disminuya su posibilidad laboral "en el 76% o más" (sea física o mental), además de no percibir -tampoco su cónyuge- ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva; no trabajar en relación de dependencia; no tener bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar; no tener parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o bien que no estén en condiciones de hacerlo.
"Estos números hacen pensar que hubo una guerra o una enfermedad masiva que dejaron estos niveles de incapacidad -dice a LA NACION el asesor previsional Eduardo Viera-. Por mi experiencia, puedo afirmar que muchas veces se las usa como herramientas de clientelismo político." Estas pensiones equivalen al 70% de una jubilación mínima, 3962,7 pesos.
Los distritos con menos subsidios de este tipo son Tierra del Fuego (0,57% del total de habitantes; 1,1% de la PEA); la ciudad de Buenos Aires (0,78%; 0,78% de la PEA); Santa Cruz (1,14% y 6.7%); Santa Fe (1,2% y 3,1), y la provincia de Buenos Aires, con el 1,65% del global de población y el 4,1% de los económicamente activos.
Alba Rostan, integrante de la Junta Unida Metodista (una ONG de iglesias metodistas) de Castelli, Chaco, cuenta su preocupación por los jóvenes que reciben estas pensiones y que "no aceptan ni un contrato corto para no perderlas; es una pena porque se acaba la cultura del trabajo".
Gerardo García, presidente del Centro Comercial de Cruz del Eje (norte de Córdoba), apunta: "No sé qué fue primero, si el huevo o la gallina; esta zona es pobre, no hay mucho trabajo, muchos lo perdieron y (cuando aparece algo) no quieren inscribirse; es el comentario de todos los productores, que no pueden tener gente en negro por las aseguradoras; hasta para trabajo doméstico es un problema", dijo. En la zona la mayoría son afectados por el mal de Chagas.
Lea la nota completa en La Nación
