Este año no fue nada fácil para Nicaragua, un país gobernado por un régimen que en 2020 profundizó su sello dictatorial. La nación acumula tres años seguidos de recesión económica, fue azotada por dos poderosos huracanes en un mismo mes, vive una ola de femicidios y enfrentó la pandemia mundial de COVID-19.
El Político
Para colmo de males, las autoridades nicaraguenses promovieron el contagio de coronavirus, escondieron los datos y castigaron la solidaridad entre ciudadanos. Algunos sostienen que el país fue azotado por las siete plagas. Una tras otra, como Egipto en tiempos de Moisés, y, a veces, todas juntas martirizando a un país de 6.5 millones de habitantes y estadísticas inciertas.
Dictadura
Si alguna duda quedaba del carácter dictatorial del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, debería haberse despejado con una ristra de cuatro leyes “altamente represivas” aprobadas en los últimos dos meses del año. Daniel Ortega solicitó al parlamento, controlado por su partido, la aprobación de una ley que establezca la pena de cadena perpetua, otra que criminaliza el financiamiento a personas u organizaciones desde el exterior, una más que prohíbe a los opositores participar en las próximas elecciones y otra que castiga y le da control sobre las comunicaciones en la web.
Ortega acumula 14 años consecutivos en el gobierno, tras su regreso al poder en enero de 2007. Desde el primer día se mostró como un gobierno autoritario, que, sin embargo, estableció una alianza con el gran capital nicaragüense. Aunque liberal en lo económico, fue cerrando las libertades y derechos de los ciudadanos. Este modelo estalló en abril de 2018, cuando los ciudadanos salieron masivamente a protestar en las calles. Las protestas fueron violentamente reprimidas, con un saldo de 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), unos mil presos políticos y unos cien mil exiliados.
Actualmente en Nicaragua hay un estado de sitio de hecho. Los líderes opositores son asediados y encerrados en sus casas, y la policía golpea y detiene a quienes se manifiestan públicamente.
“El régimen dictatorial Ortega-Murillo busca como reelegirse de manera fraudulenta para permanecer el poder indefinidamente, no se respetan los derechos humanos establecidos por la Constitución, las leyes no se cumplen, solo para reprimir a los ciudadanos. Se establecen leyes para restringir al máximo los derechos de los ciudadanos. El enriquecimiento ilícito de los funcionarios es tolerado”, resume el economista y sociólogo Oscar René Vargas.
Pandemia
Como en todo el mundo, el COVID-19 llegó en 2020 a Nicaragua, con una diferencia sustancial: el gobierno promovió los contagios y usó el secretismo y la desinformación para controlar las estadísticas.
El 18 de marzo de 2020 se anunció oficialmente el primer caso de coronavirus en Nicaragua y ocho días más tarde se registró la primera muerte.
Hasta el 29 de diciembre, el gobierno de Nicaragua reconocía el contagio de 6,046 personas durante todo este periodo de pandemia, y 165 muertes a consecuencia del COVID-19, una de las cifras más bajas de Centroamérica. Sin embargo, nadie felicita al gobierno de Nicaragua por el manejo de la pandemia, debido a la desconfianza que sus estadísticas provocan. El Observatorio Ciudadano, un organismo semiclandestino de la sociedad civil que lleva un recuento paralelo al oficial, establecía al 23 de diciembre pasado 11,935 contagios y 2,862 “muertes por neumonía o sospechosas de COVID-19”, una cantidad 17 veces superior a la oficial.
La actitud gubernamental siempre fue contra corriente en la pandemia: mantuvo las fronteras abiertas para turistas extranjeros, e inicialmente cerradas para los nicaragüenses que buscaban refugio en su país. Ignoró las medidas de prevención que orientó la Organización Mundial de la salud (OMS). De hecho, en su momento, Nicaragua fue el único país de Latinoamérica que mantuvo las clases presenciales en las escuelas públicas. Recientemente, Bayardo Arce, asesor económico de Daniel Ortega, reconoció en una entrevista que la estrategia del gobierno de Nicaragua ante el COVID fue la llamada “inmunidad de rebaño”.
Crisis económica
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) pronostica que “el país se aproxima a finalizar su tercer año consecutivo en recesión. Las revisiones para la actividad económica en 2020 resultan en una reducción del PIB real de -2.5 por ciento”.
La crisis económica que vive el país se origina, principalmente, en la crisis socio política que sufre Nicaragua desde abril de 2018, cuando la población salió masivamente a protestar a las calles y fue reprimida violetamente por el régimen de Ortega, y por el fin del flujo de la cooperación venezolana que en su momento llegó a representar hasta 500 millones de dólares anuales de libre uso para el gobierno.
“Tenemos alto desempleo, más en el sector informal. Sin prestaciones sociales y sobreviviendo. Falta de inversiones extranjeras y nacionales que generen puestos de trabajo formales y hay más de 200,000 afiliados menos en el INSS (seguridad social). El 30 por ciento de la población está en el límite de la pobreza, viviendo con menos de 1.70 dólares por día”, explica a Infobae el economista Eduardo Solórzano.
Huracanes
El 3 de noviembre entró a Nicaragua el Huracán Eta, en categoría 4, y trece días más tarde entró el huracán Iota, en categoría 5. El impacto fue desastroso. Tres millones de personas estuvieron expuestas en 56 municipios del país, según datos oficiales.
Tras el paso de estos dos poderosos huracanes quedaron 28 muertos y daños calculados por el gobierno en 742 millones de dólares. Se estima que 5,800 viviendas resultaron dañadas totalmente y unas 38 mil sufrieron daños parciales.
Paradójicamente, la desgracia también trajo alivio a las finanzas gubernamentales, tras tres años de recesión y aislamiento económico internacional. El Fondo Monetario Internacional anunció un préstamo por 183.2 millones de dólares para equilibrar la balanza de pagos y las reservas internacionales, y atender la pandemia y la emergencia por los huracanes. Otros 600 millones estarían por llegar provenientes de fondos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Migración y exilio
Según datos de Naciones Unidas, cerca de 700 mil nicaragüenses han salido a buscar mejor vida en otros países. Los principales destinos de los nicaragüenses son Estados Unidos (44,35%), Costa Rica (43,43%) y España (3,80%).
“No es que ellos tengan el deseo de irse, sino que la situación del país los obliga a buscar mejores opciones para poder solventar las necesidades de sus hogares”, explica Lea Montes, directora del Servicio Jesuita a Migrantes.
Se calcula que unos 100 mil nicaragüenses salieron del país después de abril 2018 para salvar sus vidas o evitar ser detenidos en medio de la ola represiva que desató el régimen de Daniel Ortega después de la rebelión ciudadana. Sin embargo, según datos del Ministerio de Gobernación, poco más de 58 mil nicaragüenses habrían regresado al país a consecuencia de la crisis económica que provocó la pandemia en los países donde trabajaban.
Femicidios
Ni la pandemia ni la represión han dado tregua a la ola de femicidios en Nicaragua. Al contrario, este 2020 incrementó el número, la crueldad y la impunidad, destaca la socióloga María Teresa Blandón. El año comenzó con señales de alarma desde el primer mes: seis mujeres fueron asesinadas con saña en enero. El organismo feminista Católicas por el Derecho a Decidir registró en 2019, un total de 63 femicidios. Este año alcanza ya los 71.
Derrumbes
Al menos unos 40 nicaragüenses murieron este año sepultados por derrumbes, principalmente de viejas minas abandonadas que trabajan por su cuenta los mineros artesanales, conocidos en Nicaragua como “güiriseros”.
El medioambientalista Centro Humboldt registró la muerte de 31 mineros artesanales, en diferentes puntos del país a lo largo del año. Otras nueve personas murieron sepultadas y otras dos se registran como “desaparecidas” tras un alud que provocaron las lluvias del huracán Iota en la montaña donde vivían, localizada en el Macizo de Peñas Blancas, Matagalpa.
El 4 de diciembre pasado se produjo un derrumbe en una mina de San Carlos, Río San Juan, al sur del país, que habría sepultado a unas 15 personas, según cálculos de testigos. Dos sobrevivieron al derrumbe y otros dos cuerpos fueron rescatados sin vida por especialistas del gubernamental Sistema Nacional para Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred). De las restantes 11 personas no se supo más.
Fuente: infobae
