Ante el incremento de la inseguridad en el país, al menos tres Estados han regulado sus códigos penales y en otros siete se analizan modificaciones para que los ciudadanos puedan ser amparados por ley en caso de lesionar o matar a quien allane su casa.
La ampliación de la figura legal de legítima defensa que se ha propagado en los últimos dos meses es una respuesta populista ante la incompetencia de los gobernantes para reducir los índices delictivos, han alertado expertos en seguridad y organizaciones que se oponen a los cambios en la norma.
El primero en regular la legítima defensa fue Nuevo León. El Código penal establecía que cualquiera que “rechazara” o “dañara” al agresor que allanara su casa —por ejemplo, un ladrón—, no incurría en ningún delito. A finales de mayo, el Congreso local aprobó añadir dos nuevos supuestos, “lesionar” y “privar de la vida”. El código detalla ahora que cualquiera que dañe, lesione, o incluso mate a un asaltante será igualmente inocente.
El segundo Estado en adoptar esta medida fue Baja California Sur. El 21 de junio, tras argumentar que la inseguridad se ha incrementado en la entidad, los diputados realizaron modificaciones legales para que los ciudadanos no sean encarcelados en caso de recurrir al exceso de fuerza en defensa de su vida, su patrimonio o su familia.
En la iniciativa se argumenta que es necesario darle al ciudadano más seguridad en la forma en que será tratado en caso de ocasionar daños al repeler un ataque. “Si el Estado no tiene la capacidad de otorgarle (al ciudadano) la vigilancia y la defensa por parte de los cuerpos policiacos, debe darle la garantía de apoyarlo en las consecuencias de los actos no dolosos que pudiera ocasionar durante su defensa”, se expone en el documento.
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En Guanajuato los diputados locales aprobaron el pasado 29 de junio modificaciones a su Código Penal para que el habitante de una propiedad no sea castigado por las lesiones y la muerte que llegase a causar a quien allane su casa.
La legítima defensa no es una licencia para matar ni de venganza”, justificó la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso local, Arcelia González. “El tema de legítima defensa es que con lo que tengas a la mano te puedas defender y no vas a estar imputado por homicidio”, declaró a un medio local.
México vive una violencia imparable. En mayo los homicidios rompieron récord al superar los registros que había desde 1997. Otros delitos como el robo y la extorsión también han tenido un considerable repunte. Sin embargo, la ampliación de esta figura legal no sirve para reducir la violencia, afirma Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, experto en temas de justicia e impunidad.
Al contrario, son propuestas populistas que promueven la portación y la circulación de armas de fuego que pueden derivar en accidentes dentro del hogar. “Frente a la impunidad de los gobiernos locales para castigar uno de los delitos más importantes que es el robo a casa habitación, esta es una alternativa irresponsable por parte de grupos parlamentarios o gobernantes”, afirma el académico.
Fuente: El País.